La Receita Federal de Brasil establece su Política de IA mediante la Ordenanza RFB № 647/2026

El 5 de febrero de 2026 representa una fecha fundamental para la modernización de la administración pública en Brasil, tras la oficialización de la Política de Inteligencia Artificial (IA) por parte de la Receita Federal do Brasil (RFB). Mediante la promulgación de la Ordenanza RFB № 647/2026, el organismo tributario ha instaurado un conjunto riguroso de principios, directrices y mecanismos de protección destinados a garantizar una implementación ética y responsable de las tecnologías emergentes. Este nuevo marco normativo regula meticulosamente todo el ciclo de vida de los sistemas de IA, abarcando desde las etapas iniciales de desarrollo y los procesos de contratación externa hasta el monitoreo continuo y el retiro definitivo del servicio, asegurando en todo momento el cumplimiento de la legislación vigente y la salvaguarda de la privacidad de los ciudadanos.

Esta política institucional se alinea estratégicamente con los objetivos del Plan Brasileño de Inteligencia Artificial (PBIA) proyectado para el cuatrienio 2024–2028, el cual aspira a consolidar a Brasil como un líder internacional en materia de gobernanza y ética tecnológica. Un elemento central y obligatorio de la normativa aprobada es el requisito de supervisión humana constante, lo que descarta de manera absoluta cualquier posibilidad de que los algoritmos tomen decisiones de forma autónoma. Dentro de la estructura operativa de la RFB, la inteligencia artificial desempeñará un papel estrictamente auxiliar, funcionando como un soporte avanzado para el análisis masivo y la clasificación preliminar de datos, mientras que la decisión final y vinculante recaerá invariablemente en un servidor público cualificado.

El enfoque adoptado por la Receita Federal refleja una voluntad clara de aprovechar los avances tecnológicos para maximizar la eficiencia administrativa, siguiendo la estela de éxito de sus sistemas previos de detección de fraude, los cuales ya operaban bajo una estricta vigilancia humana. La nueva Política establece que todos los sistemas que se integren en el futuro deben poseer atributos de explicabilidad, transparencia y auditabilidad total, cumpliendo además con requisitos de trazabilidad que permitan identificar y corregir posibles sesgos. Asimismo, la Ordenanza impone restricciones severas contra el uso de herramientas que resulten incompatibles con los derechos fundamentales, prohibiendo específicamente aquellas destinadas a la vigilancia masiva o a la manipulación psicológica del comportamiento de los contribuyentes.

En cuanto a la arquitectura de gobernanza, la gestión de los riesgos derivados de la IA se distribuye de forma coordinada entre las unidades operativas, encargadas de los riesgos de negocio, y el departamento de tecnologías de la información, responsable del análisis técnico y la ciberseguridad. El Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação (Comité de Tecnología y Seguridad de la Información) desempeña una función crítica en la toma de decisiones sobre riesgos éticos y estratégicos, siendo el órgano encargado de validar los proyectos y supervisar el desempeño de las herramientas en uso. Es digno de mención que los contratos firmados con proveedores externos ahora incluyen cláusulas que prohíben explícitamente el uso de los datos confidenciales de la administración tributaria para el entrenamiento de modelos de lenguaje o algoritmos de terceros.

A pesar de la exhaustiva preparación interna del documento, su publicación ha generado interrogantes entre diversos analistas jurídicos respecto a la solidez de su base legal. Se ha abierto un debate doctrinal sobre si un acto administrativo de carácter interno, como esta Ordenanza, posee la jerarquía suficiente para regular materias que inciden directamente en la esfera de derechos de los contribuyentes, tales como los criterios de selección para auditorías o la imposición de multas automáticas. Algunos expertos sostienen que, bajo el principio de reserva legal, estos aspectos deberían ser tramitados y aprobados por el Congreso Nacional. Mientras la RFB reafirma su compromiso con el uso seguro de la tecnología en el horizonte de la digitalización estatal de 2026, los analistas señalan la posibilidad de futuros litigios sobre los límites de la potestad administrativa en este ámbito tan sensible.

Desde una perspectiva macroeconómica y social, esta medida es coherente con las ambiciones nacionales detalladas en el PBIA 2024–2028, un plan que prevé una inversión de 23.000 millones de reales brasileños a lo largo de cuatro años para potenciar la infraestructura tecnológica del país, incluyendo la creación de una de las cinco supercomputadoras más potentes a nivel mundial. El propósito último del PBIA no es solo la optimización de los servicios gubernamentales, sino también el fortalecimiento de Brasil como un polo global de innovación en inteligencia artificial. En conclusión, la Ordenanza RFB № 647/2026 constituye un avance significativo en la construcción de un sistema de administración tributaria que garantice los derechos ciudadanos, logrando un equilibrio necesario entre la vanguardia tecnológica y la prudencia jurídica.