El Parlamento Europeo Aprueba un Endurecimiento Migratorio con Mecanismo de Traslado a Terceros Países Seguros

El Parlamento Europeo ha dado luz verde a dos piezas legislativas fundamentales destinadas a endurecer significativamente el marco normativo de migración de la Unión Europea. Esta aprobación marca un hito crucial en la implementación del Pacto de la UE sobre Migración y Asilo, el cual fue acordado en junio de 2024. El núcleo de estas nuevas regulaciones radica en la introducción de un mecanismo que faculta el traslado de solicitantes de asilo a denominados «terceros países seguros» para que sus peticiones sean evaluadas allí. Este giro estratégico apunta hacia una externalización del procesamiento de solicitudes, una medida que ha generado fuertes reservas y críticas por parte de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

El primer reglamento aprobado establece la base jurídica para un modelo que guarda similitud con la iniciativa británica conocida como el «Modelo Ruanda». Bajo esta disposición, los peticionarios de asilo podrían ser transferidos directamente a terceros países previamente designados como seguros, siempre y cuando exista un acuerdo formal que estipule que el examen de sus expedientes se llevará a cabo en dicho territorio. Si la solicitud resulta favorable, los beneficiarios residirían en ese tercer país y no en el Estado miembro de la UE. Como antecedente, se recuerda la reciente firma de un acuerdo similar entre Italia y Albania, y la Comisión Europea prevé revisar y posiblemente simplificar el marco legal para estos traslados antes de mediados de 2025.

El segundo acto normativo introduce la obligatoriedad de crear una lista paneuropea de «terceros países seguros», sustituyendo así los listados nacionales que hasta ahora manejaban de forma dispersa los distintos Estados miembros. Este inventario unificado podría incluir naciones como Túnez, Marruecos o Egipto. Es más, según los borradores de las normas, que serán objeto de revisión en junio de 2025, incluso aquellos países por los que los solicitantes solo transitaron o que nunca pisaron podrían ser catalogados como «seguros». La propuesta inicial de la Comisión Europea para esta lista común contemplaba a Bangladés, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez.

El panorama político dentro del Parlamento Europeo reflejó una clara división respecto a esta reforma. Las formaciones de derecha y ultraderecha apoyaron decididamente el endurecimiento del régimen migratorio. Específicamente, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Alternativa para Alemania (AfD) votaron a favor de estas disposiciones. En contraste, el Partido Socialdemócrata (SPD) y Los Verdes se opusieron firmemente. Las estructuras de defensa de los derechos humanos y los políticos de izquierda han manifestado su rechazo a la reforma. Torsten Moritz, Secretario General de la Comisión de Iglesias Europeas para la Migración (CCME), lamentó que el derecho de asilo quede prácticamente anulado. Clara Bünger, diputada del partido La Izquierda alemana, expresó su inquietud de que la implementación contravenga lo estipulado en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados. Eric Marquart, eurodiputado del Partido Verde, señaló la dudosa validez jurídica y humanitaria de calificar como «seguros» a países como Egipto, donde se reportan casos de persecución política.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) también hizo un llamado a reforzar las garantías legales para proteger los derechos fundamentales durante estos procesos de traslado. El paquete de reformas completo está programado para entrar en vigor en junio de 2026, coincidiendo con la fecha de aplicación general del Pacto de Migración y Asilo. Las negociaciones entre la Comisión Europea y los Estados miembros sobre estos dos textos legislativos están fijadas para diciembre de 2025.

El contexto histórico de esta reforma se remonta a la crisis migratoria de 2015-2016, un periodo que evidenció la incapacidad del llamado «Sistema de Dublín» para gestionar de manera efectiva la responsabilidad entre los países de la UE ante el aumento de llegadas. Dentro de la reforma más amplia, aprobada en abril de 2024, también se contempla la creación de Eurodac, un sistema informático centralizado para el almacenamiento de datos biométricos a gran escala. Adicionalmente, se contempla que aquellos Estados miembros que decidan no acoger a los solicitantes de asilo según las cuotas establecidas puedan ofrecer compensación económica en su lugar.