Trump impone aranceles del 15% tras la anulación de los cobros previos por parte de la Corte Suprema

El viernes 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió un fallo histórico de 6 votos contra 3, invalidando los extensos aranceles que la administración del presidente Donald Trump había implementado bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El presidente del tribunal, John Roberts, argumentó en su opinión que el texto de la IEEPA carece de menciones explícitas sobre aranceles y que ningún predecesor había interpretado la ley de tal manera. El tribunal dictaminó que la IEEPA no otorga al poder ejecutivo la autoridad para imponer gravámenes o impuestos a las importaciones, ya que dicha función está reservada exclusivamente al Congreso según el Artículo I de la Constitución estadounidense.

Este revés judicial representa un golpe significativo para la estrategia económica de la Casa Blanca, que había utilizado esta herramienta de forma agresiva en el ámbito internacional. Para el momento en que se dictó la sentencia, los importadores ya habían desembolsado una suma superior a los 200.000 millones de dólares bajo estos aranceles, que ahora han sido declarados ilegales. Ante esta situación, el presidente Trump reaccionó de inmediato calificando el veredicto como "profundamente decepcionante" y anunció ese mismo día la implementación de nuevos aranceles de carácter temporal para contrarrestar la decisión judicial.

La nueva base legal elegida por la administración es la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, la cual permite la imposición de un recargo temporal a las importaciones en respuesta a un "déficit de balanza de pagos grande y grave". El sábado 21 de febrero de 2026, la tasa de este arancel universal se fijó en el 15%, alcanzando el límite máximo permitido por dicha normativa. A diferencia de la IEEPA, la Sección 122 impone una restricción temporal estricta, estableciendo que estos cobros solo pueden estar vigentes por un máximo de 150 días, a menos que el Congreso vote a favor de su prórroga.

Las acciones tomadas en Washington D.C. generaron una incertidumbre comercial inmediata entre los aliados de Estados Unidos, incluyendo al Reino Unido. Analistas como William Reinsch, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), señalaron que el fallo judicial priva al presidente de su capacidad para utilizar una herramienta de presión contundente. Por su parte, Wendy Cutler, del Asia Society Policy Institute, destacó que el cambio a la Sección 122 elimina un instrumento que permitía al ejecutivo actuar "en cualquier momento, en cualquier lugar y por cualquier motivo", una flexibilidad que sí ofrecía la IEEPA.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, manifestó que el uso de la Sección 122, combinado con otras facultades, permitirá que los ingresos aduaneros previstos para 2026 se mantengan "casi sin cambios". Paralelamente, se emitió una Orden Ejecutiva para revocar los aranceles de la IEEPA, mientras que la Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) anunció el inicio de nuevas investigaciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, las cuales podrían sentar las bases para medidas a más largo plazo. No obstante, el destino de los más de 200.000 millones de dólares ya pagados sigue siendo incierto; el juez Kavanaugh advirtió en un voto concurrente que el proceso de devolución podría convertirse en un auténtico "caos" administrativo.

Es importante notar que otras medidas comerciales permanecen inalteradas, como los aranceles de la Sección 232 sobre el acero y el aluminio, así como los gravámenes a las importaciones chinas bajo la Sección 301. En el Reino Unido, el gobierno liderado por el primer ministro Sir Keir Starmer ha expresado que espera mantener su "posición comercial privilegiada" con los Estados Unidos, a pesar de la nueva ola de inestabilidad provocada por el arancel del 15%. Este cambio de paradigma legal reabre el debate sobre los límites del poder ejecutivo en la regulación del comercio exterior y la soberanía fiscal del Congreso.