La Corte Suprema de EE. UU. Deliberará el Poder de Trump para Imponer Aranceles Mediante la IEEPA el 9 de Enero

El viernes 9 de enero de 2026, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene programada la deliberación de un caso crucial que aborda la facultad presidencial de Donald Trump para imponer aranceles utilizando la Ley de Emergencias Económicas Internacionales (IEEPA) de 1977. Este litigio, que incluye el caso V.O.S. Selections contra Trump y otras demandas conexas, se centra en una cuestión constitucional fundamental: si el jefe del poder ejecutivo puede recurrir a la IEEPA para establecer gravámenes a la importación sin la autorización explícita del Congreso.

Históricamente, la IEEPA se ha empleado para imponer sanciones contra adversarios de Estados Unidos o para congelar sus activos. La aplicación de esta ley para establecer aranceles de importación representa un precedente sin precedentes. Los aranceles impugnados fueron implementados tras el regreso de Trump al poder el 20 de enero de 2025. Específicamente, en abril de 2025, se anunció un gravamen general del 10 por ciento sobre todas las importaciones. El 2 de abril de 2025, un decreto presidencial estableció esta tarifa general del 10% sobre «todas las importaciones de todos los socios comerciales», con tasas superiores aplicables a ciertas naciones. Estas acciones, junto con otras derivadas de emergencias declaradas, son el núcleo del escrutinio judicial actual.

La Administración Trump defiende enérgicamente estas medidas, argumentando que la IEEPA les confiere la autoridad necesaria, invocando preocupaciones de seguridad nacional. No obstante, tribunales inferiores ya habían rechazado esta interpretación, dictaminando que la facultad de la IEEPA para «regular» las importaciones no equivale a la potestad de imponer aranceles. El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal ratificó la anulación de varios decretos ejecutivos que imponían aranceles de «duración indefinida» a importaciones procedentes de «casi todos los países». Durante las audiencias orales ante la Corte Suprema el 5 de noviembre de 2025, los jueces mostraron un claro escepticismo respecto a la legalidad de estas acciones unilaterales.

Las repercusiones económicas derivadas de la decisión del tribunal son sustanciales. Los aranceles aplicados bajo la IEEPA han generado miles de millones de dólares en ingresos. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) al 14 de diciembre de 2025, se habían recaudado aproximadamente 133.500 millones de dólares relacionados con la IEEPA. En el marco de las cinco medidas arancelarias de la IEEPA implementadas por la administración Trump, hasta el 10 de diciembre de 2025, se habían recaudado 129.000 millones de dólares, correspondientes a cerca de 34 millones de declaraciones presentadas por 301.000 importadores estadounidenses. Si el Tribunal Supremo declara nulos estos gravámenes, el gobierno se enfrentará a un desafío administrativo y financiero considerable, incluyendo posibles reclamaciones de reembolso estimadas por expertos legales en cientos de miles de millones de dólares.

Anticipándose al veredicto, numerosos importadores han tomado precauciones, presentando demandas protectoras ante el Tribunal de Comercio Internacional (CIT) durante noviembre y diciembre de 2025, con el fin de salvaguardar su derecho a un posible reembolso de los aranceles ya pagados. Fuentes de la CBP indicaron que no impugnarían la autoridad del CIT para ordenar la reevaluación y el reembolso si los aranceles son declarados ilegales. Sin embargo, asesores legales señalan que la devolución del dinero no será automática; a menudo, los importadores deben mantener activas sus reclamaciones mediante protestas o litigios continuos.

En el escenario de que los aranceles sean revocados, la administración podría recurrir a otras herramientas legislativas disponibles, como la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 o la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El expresidente Trump había manifestado anteriormente que los ingresos totales generados por sus aranceles comerciales ascendían a unos 650.000 millones de dólares. La resolución que emita el Tribunal el viernes 9 de enero definirá si se consolidan amplias prerrogativas presidenciales en materia de control comercial o si se exige a las futuras administraciones un respeto más riguroso a la división de poderes entre los distintos ramos del gobierno.