BYD desafía la legalidad de los aranceles de Trump bajo la ley IEEPA ante los tribunales de EE. UU.

BYD Co., el gigante chino de los vehículos eléctricos y líder mundial en movilidad sostenible, ha emprendido acciones legales contra el gobierno de los Estados Unidos para cuestionar la validez de los aranceles de importación recientemente implementados. El 26 de enero de 2026, diversas filiales estadounidenses de la firma, entre las que se encuentran BYD America LLC, BYD Coach & Bus LLC, BYD Energy LLC y BYD Motors LLC, presentaron una demanda conjunta ante el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos (CIT). Los demandantes buscan que se declaren nulas las órdenes ejecutivas que sustentan estos gravámenes, argumentando que la recaudación de dichos aranceles carece de base legal. Este proceso se ha consolidado con más de 2,000 litigios similares interpuestos por diversas entidades corporativas que se consideran afectadas por estas medidas.

El núcleo de la disputa jurídica radica en el alcance de las facultades presidenciales para imponer aranceles basándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). BYD sostiene que el texto de la IEEPA no incluye de forma explícita el término «arancel» ni ninguna terminología equivalente, lo que, según la empresa, restringe la capacidad del jefe de Estado para establecer barreras comerciales de manera unilateral. Esta demanda, registrada formalmente el 2 de febrero, representa el primer movimiento legal directo del fabricante chino contra la política arancelaria de Washington. El objetivo es obtener una orden judicial permanente que detenga la aplicación de estas medidas y garantice el reembolso de los aranceles ya pagados, incluyendo los intereses correspondientes.

Actualmente, el proceso en el CIT se encuentra en suspenso a la espera de un fallo definitivo en un caso relacionado que se tramita ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuyas audiencias se llevaron a cabo el 5 de noviembre de 2025. Previamente, tribunales de menor instancia habían fallado en contra del uso de la IEEPA por parte del presidente Trump para imponer aranceles globales, aunque tales decisiones fueron suspendidas hasta que el máximo tribunal emita su veredicto definitivo. El debate central gira en torno a si el presidente posee la autoridad para imponer gravámenes que, según los demandantes, constituyen un impuesto encubierto y no una herramienta legítima de regulación comercial bajo el marco de la seguridad nacional.

A pesar de que BYD no comercializa vehículos de pasajeros en el mercado estadounidense debido a las barreras existentes, la compañía mantiene una infraestructura operativa significativa en el país. Su planta en Lancaster, California, emplea a unos 750 trabajadores dedicados a la fabricación de camiones, autobuses eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. Un resultado judicial favorable para BYD no solo implicaría la devolución de los fondos abonados, sino que también podría reducir los obstáculos para productos fabricados en otras sedes globales del grupo, como Brasil. En un sentido más amplio, si la Corte Suprema invalida los aranceles, el gobierno federal podría verse obligado a reembolsar pagos correspondientes a aproximadamente 19.2 millones de envíos de importación que permanecían sin liquidar al 10 de diciembre de 2025.

En el marco de estas tensiones legales, a principios de febrero de 2026 se alcanzó un acuerdo comercial entre Estados Unidos e India, el cual contempla una reducción de los aranceles de represalia del 50% al 18%, manteniendo tasas reducidas hasta el 10 de noviembre de 2026 para ciertos productos chinos. Este desafío judicial subraya la determinación de BYD por resolver la prolongada incertidumbre política que afecta sus estrategias de inversión en América del Norte. La resolución de este conflicto será determinante para definir el futuro de la competencia en el sector de las energías limpias y la estabilidad de las cadenas de suministro internacionales.