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Autor: Aleksandr Lytviak

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Perú ha vuelto a cambiar de presidente, y esto ya no es una excepción, sino casi el ritmo político del país. El 18 de febrero, el Congreso tomó juramento a José María Balcázar tras la destitución de José Jerí, y hasta las elecciones generales del 12 de abril, el nuevo jefe de Estado no debe tanto gobernar como evitar que el sistema sufra un nuevo colapso.
Formalmente, la historia parece sencilla. José Jerí perdió su cargo tras un escándalo de corrupción relacionado con sus reuniones no reveladas con empresarios chinos, y el Congreso eligió a Balcázar, un exjuez de 83 años y diputado de Perú Libre. Su mandato es inicialmente corto: llevar al país hasta las elecciones y luego entregar el poder al ganador, quien asumirá el cargo el 28 de julio. Si el 12 de abril nadie obtiene más del 50% de los votos, la segunda vuelta está programada para el 7 de junio.
Pero el trasfondo principal aquí es más profundo que una sola renuncia. En Perú, el presidente ha dejado de ser hace tiempo una figura garantizadamente estable. El país vive en un sistema donde un centro ejecutivo débil se enfrenta a un Congreso muy fuerte y fragmentado, y la vaga fórmula constitucional de "incapacidad moral permanente" se ha utilizado muchas veces para destituir presidentes.
La Comisión Internacional de Juristas ya advirtió tras la crisis de 2020 que tal interpretación extensiva socava la separación de poderes y hace que la propia institución de la presidencia sea vulnerable a la guerra política. AP vincula directamente la actual serie de cambios de líderes precisamente con este mecanismo.
Por lo tanto, la noticia del nuevo presidente no es importante por sí misma, sino como un síntoma. Desde 2021, según datos de AP, este Congreso ya ha destituido a tres presidentes: Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí. Esto significa que la política peruana funciona ahora no como una competencia de programas, sino como una lucha constante de eliminación. Surge la pregunta: ¿puede el país planificar reformas si el propio poder vive en periodos cortos y casi siempre mirando hacia la próxima crisis?
En este contexto, Balcázar casi no tiene espacio para la gran política. Su tarea es asegurar una transición mínimamente tranquila, mantener la estabilidad macroeconómica, no interrumpir el proceso electoral y demostrar que el Estado aún es capaz de actuar de manera predecible. Esto es especialmente importante porque incluso su gobierno de transición mostró rápidamente su fragilidad: en marzo, la primera ministra Denisse Miralles renunció incluso antes de la votación obligatoria en el Congreso, dudando de que obtendría la mayoría necesaria. Y sin embargo, hay un punto fuerte en esta historia: a pesar del carrusel presidencial, la economía de Perú sigue siendo comparativamente estable, y las elecciones todavía se perciben como una oportunidad real de reinicio, no como una mera formalidad.
Es por eso que el cambio de presidente en Perú no es ahora simplemente otro titular de América Latina. Es una prueba de la resistencia política de todo un país.
Si las elecciones de abril se llevan a cabo de manera limpia y conducen a un equilibrio más estable entre el presidente y el Congreso, Perú tendrá una oportunidad poco común de salir del modo de gestión de emergencia. Si no, el nuevo presidente corre el riesgo de convertirse solo en el siguiente nombre en una lista demasiado larga de líderes temporales.
International Commission of Jurists