El Banco Central de Rusia presenta su hoja de ruta para la legalización del comercio de criptomonedas antes de julio de 2026

El 23 de diciembre de 2025, el Banco Central de la Federación Rusa (BCR) hizo pública una detallada propuesta conceptual destinada a establecer un marco regulatorio para las operaciones con criptomonedas dentro del mercado nacional. Este anuncio marca un giro significativo en la estrategia regulatoria del país, pasando de considerar prohibiciones potenciales a estructurar una legalización formal de los activos digitales. El objetivo primordial es crear un entorno legal para su comercialización, si bien se mantiene una prohibición estricta sobre el uso de estas monedas digitales para la adquisición de bienes y servicios dentro de Rusia, reafirmando así la primacía del rublo como medio de pago oficial.

Bajo la estructura planteada, las monedas digitales no bancarias y las stablecoins serán formalmente catalogadas como «valores monetarios» o activos financieros. Esta clasificación facilitará su compraventa legal a través de plataformas financieras nacionales que cuenten con la debida licencia. El regulador, representado por el Banco de Rusia, insiste en que las criptomonedas siguen siendo instrumentos de alto riesgo, dado que carecen de garantías de emisión por parte de cualquier jurisdicción y están expuestas a una volatilidad considerable y a posibles amenazas sancionatorias. La legislación necesaria para implementar esta visión se espera que esté completamente finalizada para el 1 de julio de 2026.

Un pilar fundamental de este nuevo sistema es la implementación de un acceso diferenciado al mercado para los inversores, reflejando la preocupación por gestionar el riesgo del consumidor. Los inversores minoristas o no cualificados solo podrán adquirir las criptomonedas de mayor liquidez, cuyo listado se especificará en la ley, con un límite anual de adquisición de 300.000 rublos por intermediario. Es crucial señalar que ambas categorías de inversores, incluidos los cualificados, deberán superar un examen obligatorio para demostrar su comprensión de los riesgos inherentes a estos activos.

Por otro lado, los inversores considerados cualificados tendrán la potestad de operar con cualquier activo digital sin restricciones de volumen, con una única exclusión: aquellos activos que incorporen funcionalidades de anonimato que obstaculicen la trazabilidad de las transacciones. Esta distinción busca proteger al público general mientras se permite la participación activa de aquellos con mayor capacidad de asumir riesgos financieros. La transición hacia este modelo regulado es un paso firme para integrar estos activos en el sistema financiero formal.

Las transacciones con criptomonedas se canalizarán a través de la infraestructura financiera ya existente, incluyendo bolsas, brókeres y gestores de patrimonio, utilizando sus licencias actuales. No obstante, para actores especializados como casas de cambio y depositarios especiales, se establecerán requerimientos normativos específicos. La propuesta también aborda las operaciones transfronterizas: se permitirá a los residentes rusos comprar criptomonedas en el extranjero utilizando sus cuentas foráneas, para luego transferir dichos activos a plataformas rusas autorizadas, siempre y cuando se declare formalmente cada operación ante el Servicio Federal de Impuestos.

Adicionalmente, el Banco Central contempla autorizar la circulación de Activos Financieros Digitales (AFD) en redes abiertas. Esto debería facilitar a los emisores la captación de capital externo y ofrecer a los clientes condiciones de adquisición de AFD comparables a las de las criptomonedas. Expertos del sector estiman que entre 9 y 12 millones de personas en Rusia utilizan activamente criptomonedas, por lo que esta medida podría sacar una porción considerable de la economía de la sombra regulatoria. Finalmente, se prevé introducir responsabilidades penales por intermediación ilegal en el mercado cripto, equiparándolas a las de la actividad bancaria ilícita, con fecha de entrada en vigor fijada para el 1 de julio de 2027, sentando así las bases para sanear el mercado de operadores deshonestos.