La UE Bloquea Indefinidamente la Repatriación de Activos Rusos Congelados para Respaldar a Ucrania

En diciembre de 2025, veinticinco de los veintisiete estados miembros de la Unión Europea formalizaron, mediante un procedimiento escrito, una decisión crucial que establece el marco legal para la utilización de activos estatales rusos inmovilizados con el fin de apoyar a Ucrania. Esta medida impone una prohibición indefinida sobre la repatriación de los fondos del Banco Central de la Federación Rusa que se encuentran bloqueados dentro de la jurisdicción de la UE. El valor total de estos activos congelados se estima en unos 210.000 millones de euros, de los cuales una porción considerable, cercana a los 185.000 millones de euros, está bajo la custodia del operador financiero belga Euroclear.

El objetivo primordial de esta determinación es sortear el obstáculo que suponía la renovación anual por unanimidad de las sanciones, un proceso que siempre conllevaba el riesgo de ser vetado por naciones específicas, como Hungría y Eslovaquia. Los líderes europeos, entre ellos el Presidente del Consejo de la UE, António Costa, buscan asegurar un respaldo financiero a largo plazo para Kiev. Esto se materializaría, en particular, a través de la concesión de un préstamo de hasta 165.000 millones de euros destinado a cubrir necesidades militares y civiles durante los años 2026 y 2027. La lógica detrás de este préstamo es que Ucrania solo tendría que devolverlo si Rusia llegara a pagar una compensación por los daños ocasionados por la guerra.

El fundamento jurídico para adoptar esta decisión por mayoría cualificada, eludiendo la exigencia de unanimidad, se encontró en el Artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Los representantes de la UE argumentan que esta vía está justificada, dado que la agresión injustificada de Rusia contra Ucrania está generando serios desafíos económicos para todo el bloque comunitario, lo cual encaja con las condiciones para aplicar dicho artículo en situaciones de crisis. No obstante, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha criticado duramente esta estrategia, alegando una transgresión del derecho europeo. Según se informa, Orbán ya ha presentado una demanda contra el Consejo de la UE ante el tribunal, impugnando el procedimiento de adopción de la medida.

En respuesta directa a la resolución de la UE, el Banco Central de la Federación Rusa ha iniciado acciones legales. Ha presentado una demanda ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú contra Euroclear, alegando la ilegalidad de las acciones del depositario y los planes de la Comisión Europea. El regulador ruso insiste en que cualquier utilización de sus reservas sin su consentimiento explícito constituye una violación del principio de inmunidad soberana. Por su parte, el Comisario Europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, calificó la demanda rusa como meramente especulativa y sin fundamento, reafirmando que el procedimiento seguido por la UE se ajusta plenamente a las normas del derecho internacional.

Las acciones tomadas por la UE representan un cambio significativo: se pasa de un bloqueo temporal a una restricción permanente sobre la devolución de fondos soberanos, constituyendo una maniobra legal para sortear posibles vetos futuros. Se espera que los líderes de la UE profundicen en los pormenores, incluyendo la provisión de garantías a Bélgica, durante la cumbre programada para el 18 de diciembre. Mientras tanto, Rusia, según diversas fuentes, ha preparado un borrador de represalias que podrían incluir la confiscación de activos pertenecientes a entidades europeas que se encuentran inmovilizados en cuentas tipo C dentro de la Federación Rusa. Esta decisión de diciembre de 2025 marca el inicio de una nueva etapa en el enfrentamiento financiero y legal entre las partes.