Orden Ejecutiva Centraliza Regulación de IA, Desafiando Leyes Estatales

El jueves 11 de diciembre de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva destinada a anular la capacidad de los estados para establecer sus propias normativas sobre inteligencia artificial. El argumento central de la Casa Blanca es que un mosaico de reglas locales obstaculiza el liderazgo global de Estados Unidos en esta tecnología estratégica. La directiva busca consolidar un marco regulatorio federal que imponga una carga mínima a la industria, con el objetivo explícito de asegurar la supremacía tecnológica frente a competidores internacionales como China.

La directiva, denominada formalmente “Asegurando un Marco Político Nacional para la Inteligencia Artificial”, instruye al Departamento de Justicia a iniciar litigios contra aquellas jurisdicciones estatales cuyas legislaciones de IA entren en conflicto con la política federal de mínima interferencia. Para ejecutar esta misión, se estableció una “Fuerza de Tarea de Litigios de IA” dentro del Departamento de Justicia, cuya función exclusiva será impugnar las leyes estatales divergentes. Además, el decreto faculta a las agencias federales para evaluar la retención de fondos federales, incluyendo aquellos no destinados al despliegue del programa BEAD, a los estados que implementen normativas restrictivas sobre IA.

El Secretario de Comercio, Howard Lutnick, tiene la obligación de identificar aquellas leyes estatales que contravengan las prioridades de la política nacional de IA, lo que podría incluir normativas que exijan a los modelos de IA modificar sus resultados veraces. Esta medida ejecutiva se fundamenta en el Plan de Acción de IA más amplio de la Administración Trump, lanzado en julio de 2025, que ya enfatizaba la eliminación de regulaciones excesivas que obstaculizan el liderazgo estadounidense. David Sacks, el Zar de IA y Cripto de la Casa Blanca, señaló que el enfoque se centraría en desafiar los ejemplos más gravosos de regulación estatal, excluyendo las medidas enfocadas en la seguridad infantil.

Al momento de la firma, estados como California, Colorado, Utah y Texas ya habían promulgado legislación que abordaba áreas como evaluaciones de riesgo de discriminación algorítmica y requisitos de transparencia. Específicamente, una ley de Colorado que aborda la discriminación algorítmica figura como un probable objetivo de la acción federal. California, sede de empresas tecnológicas significativas, es señalada como la más afectada, habiendo promulgado más leyes de IA desde 2016 que cualquier otro estado, según un informe de Stanford.

La decisión ha generado reacciones polarizadas. Grupos industriales como NetChoice aplaudieron la medida, argumentando que un estándar federal es crucial para evitar el caos burocrático que mermaría la ventaja competitiva. En contraste, figuras republicanas han expresado oposición, invocando la tradición de defender los derechos estatales y advirtiendo sobre repercusiones en la seguridad laboral y la protección infantil. Académicos han indicado que la estrategia enfrenta un escrutinio judicial significativo respecto a la autoridad constitucional delegada a los estados.

Adicionalmente, la Casa Blanca ha instruido a sus asesores tecnológicos a redactar legislación para formalizar la anulación de las leyes estatales de IA por parte del Congreso, tras intentos fallidos en julio de 2025. Este esfuerzo legislativo busca superar el rechazo del Senado, que votó 99-1 en julio de 2025 para eliminar una moratoria federal sobre leyes estatales de IA. La orden ejecutiva, a diferencia de la propuesta legislativa rechazada, busca restringir a los estados mediante la retención de fondos del programa BEAD, que asciende a $42.45 mil millones, de los cuales más de $21 mil millones podrían ser fondos no destinados a despliegue.

Durante la ceremonia en el Despacho Oval, el presidente Trump estuvo flanqueado por el senador Ted Cruz y el Secretario de Comercio Howard Lutnick. El presidente enfatizó que en la contienda tecnológica con China, solo habrá un ganador, y actualmente Estados Unidos mantiene la delantera. La orden también insta a la Comisión Federal de Comercio y a la Comisión Federal de Comunicaciones a limitar la capacidad de los estados para forzar a las empresas de IA a engañar a los consumidores o a incorporar ideología en sus modelos, reafirmando el poder federal en la gobernanza de tecnologías emergentes.