La UE Aprueba un Préstamo de 90.000 Millones de Euros para Ucrania hasta 2027, Posponiendo el Uso de Activos Rusos Congelados

Tras dieciséis horas de intensos debates en la Cumbre Europea celebrada en Bruselas el viernes 19 de diciembre de 2025, los líderes de la Unión Europea lograron un acuerdo fundamental. Este pacto garantiza un apoyo financiero crucial a Ucrania para el bienio 2026-2027. La asistencia total asciende a 90.000 millones de euros, una suma que se obtendrá mediante un préstamo respaldado por el presupuesto conjunto de la UE. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, confirmó que este paso cumple con las promesas previamente establecidas por el bloque.

Esta inyección de capital se considera vital. De hecho, la información previa indicaba que, sin esta financiación, Ucrania se enfrentaba al riesgo de agotar sus recursos económicos tan pronto como el segundo trimestre de 2026. La decisión subraya el compromiso de la Unión con la estabilidad financiera de Kiev a corto y medio plazo.

El canciller alemán, Friedrich Merz, expresó su convicción de que la cantidad asignada es suficiente para cubrir las necesidades tanto militares como presupuestarias de Kiev durante los próximos dos años. Merz calificó el acuerdo como una clara señal enviada a la Federación Rusa, indicando la inutilidad de prolongar el conflicto. Es importante destacar que este financiamiento se estructura como un crédito sin intereses. Ucrania se compromete a devolverlo únicamente después de que Rusia cumpla con el pago de reparaciones de guerra oficiales.

En un escenario alternativo, si Moscú se niega a efectuar dichos pagos, la UE se reserva el derecho de emplear los activos rusos que actualmente tiene congelados para saldar la deuda. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció efusivamente la aprobación de este respaldo, señalando que “fortalece verdaderamente nuestra resiliencia” ante la adversidad.

Sin embargo, el punto que generó mayor fricción política fue la postergación de la decisión sobre el uso directo de aproximadamente 210.000 millones de euros en activos rusos inmovilizados. La mayor parte de estos fondos, unos 180.000 millones de euros, se encuentran custodiados en el depositario belga Euroclear. La oposición provino, notablemente, de Bélgica, cuyo primer ministro, Bart De Wever, exigió garantías financieras ilimitadas por parte de otros miembros de la UE.

De Wever temía posibles represalias o litigios por parte de la Federación Rusa si se utilizaban los activos de manera unilateral. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, había manifestado previamente que la liberación de dichos activos requeriría el voto de una mayoría cualificada de los estados miembros, y no podría ser bloqueada por la negativa de un solo país a prorrogar la congelación.

La respuesta desde Moscú fue inmediata y contundente. El presidente Vladímir Putin calificó el plan inicial de utilizar los activos como un “acto de pillaje”, advirtiendo sobre graves repercusiones para la confianza en la eurozona. Según informes disponibles, el Banco Central Ruso ya ha presentado una demanda contra Euroclear por una suma equivalente a 229.000 millones de dólares por la retención de activos soberanos.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, también se manifestó en contra de la utilización de esos fondos. No obstante, su nación, junto con Eslovaquia y la República Checa, finalmente se abstendrá de participar en el mecanismo de endeudamiento directo de la UE. Antes de la cumbre, la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, estimaba en un 50% la probabilidad de tomar una decisión sobre el uso de los activos, enfatizando la importancia crítica de la postura belga.

En resumen, el Consejo Europeo optó por una vía pragmática: asegurar la estabilidad financiera de Kiev a corto plazo mediante el mecanismo de deuda común de la UE. No obstante, el espinoso asunto del uso a largo plazo de las reservas rusas congeladas queda pendiente. El financiamiento a través de préstamos garantizados por el presupuesto comunitario actúa como un parche temporal, mientras que el destino final de esos activos podría posponerse hasta después de cualquier acuerdo de paz futuro.