Venezuela: Primeros resultados de la Ley de Amnistía y tensiones por su alcance real

Venezuela ha iniciado la aplicación de su recién aprobada Ley de Amnistía, un instrumento jurídico que ha permitido la liberación de al menos 65 prisioneros durante sus primeras jornadas de vigencia. Esta medida surge en un contexto de transformaciones políticas radicales y bajo una intensa presión diplomática por parte de los Estados Unidos. Según los registros de la organización no gubernamental Foro Penal, entidad dedicada a la defensa de personas detenidas por motivos políticos, los primeros resultados concretos de este acto legislativo se verificaron hacia el domingo 22 de febrero de 2026.

La gestión de la presidenta interina Delsi Rodríguez, quien asumió sus funciones el 5 de enero de 2026 tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro el 3 de enero durante la denominada "Operación Determinación Absoluta", ha marcado el inicio de un proceso de normalización con Washington. Estas relaciones diplomáticas se encontraban interrumpidas desde el año 2019. El cronograma de las primeras excarcelaciones detalla que el viernes 20 de febrero recuperaron su libertad siete personas, el sábado quince y el domingo cuarenta y tres ciudadanos adicionales.

En términos de alcance, la presidenta interina Rodríguez informó que el número total de individuos que han solicitado formalmente su liberación bajo el amparo de esta ley ha llegado a 1.557 personas. Por su parte, la organización Foro Penal ha logrado validar la liberación de 464 prisioneros desde el 8 de enero de 2026 hasta la fecha de corte del 22 de febrero. Estas cifras reflejan un esfuerzo por despresurizar el sistema penitenciario en medio de la transición política que atraviesa la nación sudamericana.

No obstante, la normativa no ha estado exenta de severas críticas respecto a su cobertura real. Diversos activistas de derechos humanos y opositores señalan la posible exclusión de cientos de detenidos, especialmente aquellos miembros de los cuerpos policiales y militares acusados de actividades que el Estado califica como terroristas. Existe, además, una creciente inquietud debido a que la amnistía parece no cubrir el periodo íntegro comprendido entre 1999 y 2026, lapso que abarca las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Como respuesta a estas exclusiones, más de 200 presos políticos han anunciado el inicio de una huelga de hambre.

Ante las limitaciones señaladas, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria interina y actual jefe del Parlamento venezolano, manifestó que las autoridades están considerando la posibilidad de otorgar "medidas de indulto" o emitir decretos presidenciales para favorecer a quienes no cumplen con los requisitos estrictos de la Ley de Amnistía. El trasfondo político de esta legislación es inédito: la captura de Nicolás Maduro en Caracas mediante una operación militar de los Estados Unidos propició la instauración del gobierno provisional encabezado por Delsi Rodríguez. En este entorno de cambio y búsqueda de diálogo con el exterior, se ha reportado la retirada de los agentes de seguridad cubanos que formaban parte de los anillos de protección del liderazgo venezolano, una acción vinculada a las exigencias de la administración estadounidense.

Finalmente, algunos sectores de la asesoría opositora han calificado esta ley como una "trampa" diseñada para ganar tiempo, argumentando que el proceso exige que los detenidos se sometan a la autoridad del nuevo gobierno de forma incondicional. La etapa inicial de la aplicación de esta ley evidencia tanto una voluntad de mitigar la crisis política como la persistencia de profundas divergencias sobre la justicia y la integridad del marco legal en el contexto del reciente cambio de mando en Venezuela.