El Consejo de la UE Aprueba la Reforma Migratoria: Incluye la Creación de Centros Externos

El 8 de diciembre de 2025 marcó un hito significativo en la política migratoria europea, ya que el Consejo de la Unión Europea logró un acuerdo fundamental sobre los pilares de su próxima legislación en esta materia. Este consenso establece la posición negociadora de la UE de cara a las conversaciones que mantendrá con el Parlamento Europeo para sellar el paquete legislativo definitivo. Este avance representa un giro crucial en la estrategia comunitaria, cuyo objetivo primordial es agilizar la llegada de migrantes y optimizar la eficacia de los procedimientos de asilo en todo el bloque.

Uno de los elementos centrales de esta reforma integral es el endurecimiento de las normas que rigen las solicitudes de asilo. El nuevo marco otorga a los Estados miembros la facultad de rechazar la tramitación de una solicitud si el solicitante pudiera, teóricamente, encontrar protección en un tercer país considerado seguro. El Ministro de Migración, Daniel Stocklund, señaló que esta medida busca incentivar a los migrantes a buscar refugio en destinos más seguros fuera del territorio de la UE. La lista acordada de países de origen considerados seguros incluye actualmente a siete naciones: Kosovo, Bangladés, Colombia, Egipto, India, Marruecos y Túnez. Como resultado directo, los ciudadanos provenientes de estos países enfrentan una probabilidad considerablemente mayor de que sus peticiones de asilo sean denegadas al llegar a las fronteras de la Unión.

Adicionalmente, el sistema revisado impone una regla estandarizada para las deportaciones, obligando a que las personas a las que se les deniega el asilo abandonen el territorio comunitario. La inobservancia de esta orden de salida servirá como fundamento legal para establecer los denominados centros de retorno, ubicados fuera de la jurisdicción de la UE, donde los migrantes esperarán su repatriación. El mecanismo de solidaridad, una pieza clave del pacto, exige bien la reubicación de 21.000 personas, o bien la aportación de una ayuda financiera equivalente a 420 millones de euros (o 430 millones de dólares estadounidenses) a los Estados miembros de primera línea que soportan la mayor presión migratoria, como Chipre, Grecia, Italia y España.

Las naciones participantes tienen diversas vías para cumplir con sus compromisos: pueden optar por la reubicación física, realizar una contribución económica fijada en 20.000 euros por cada persona no acogida, o proporcionar apoyo operativo directo. Es importante destacar que Polonia ya ha conseguido una exención total de estas obligaciones para el próximo año, lo que evidencia la complejidad de las negociaciones que culminaron en el acuerdo final.

Esta reforma, considerada la modificación más profunda de la política migratoria en quince años, ha generado, como era previsible, fuertes críticas. La organización de derechos humanos Amnistía Internacional expresó serias inquietudes, argumentando que el nuevo enfoque de la UE esencialmente “deshumaniza” a los migrantes. Olivia Sundberg, experta de Amnistía, calificó estas acciones como un despojo de derechos basado únicamente en la condición migratoria de las personas. Los grupos pro derechos están especialmente preocupados por cómo la ampliación del concepto de “tercer país seguro” socava el principio fundamental de evaluar cada solicitud de asilo de manera individualizada.

La ratificación de este pacto pone fin a negociaciones prolongadas que se iniciaron en 2020, impulsadas por una creciente insatisfacción ciudadana respecto a los niveles de inmigración. La percibida ineficacia del Reglamento de Dublín durante los picos migratorios de 2015-2016 había impuesto una carga insostenible a los países fronterizos. Ahora, se espera que la Comisión Europea presente una hoja de ruta unificada para la implementación, diseñada para ayudar a los Estados miembros a integrar estas nuevas normativas a lo largo de los dos años siguientes. El acuerdo alcanzado en estas medidas inaugura una nueva etapa en la gobernanza migratoria europea, poniendo un énfasis considerable en el control de las fronteras exteriores y la aceleración de los procedimientos de retorno.