La Unión Europea debate un modelo de adhesión gradual para nuevos Estados sin derecho a veto

En los círculos diplomáticos de Bruselas, ha cobrado fuerza un debate interno sobre una reconfiguración drástica del proceso de ampliación de la Unión Europea. Esta propuesta, denominada integración «gradual» o «asimétrica», plantea que los países candidatos accedan de manera anticipada a beneficios fundamentales, como el mercado único y la libre circulación de personas. No obstante, este acceso temprano vendría acompañado de una restricción temporal: la renuncia al derecho de veto y a los derechos de voto pleno hasta que el bloque complete sus propias reformas institucionales internas.

El impulso de esta alternativa responde directamente al complejo escenario geopolítico derivado de la invasión de la Federación Rusa contra Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022. Actualmente, la exigencia de unanimidad en el Consejo de la UE se percibe como un obstáculo crítico para la toma de decisiones ágiles, lo que ha intensificado las peticiones para ampliar el uso de la Votación por Mayoría Cualificada (VMC). Anton Hofreiter, presidente del Comité de Asuntos Europeos del Bundestag, ha señalado con firmeza que los futuros Estados miembros deberían renunciar temporalmente a su capacidad de bloqueo para evitar la parálisis del organismo ante decisiones urgentes.

Las reacciones entre los aspirantes de los Balcanes Occidentales, Ucrania y Moldavia muestran un panorama heterogéneo pero mayoritariamente receptivo. Líderes de naciones como Serbia, Albania y Bosnia y Herzegovina han manifestado públicamente su disposición a aceptar este esquema de integración por etapas. El presidente serbio, Aleksandar Vučić, percibe en este modelo una vía segura hacia el mercado común, mientras que el primer ministro albanés, Edi Rama, ha aceptado en principio no ejercer el veto en futuras ampliaciones. Por su parte, Elmedin Konaković, ministro de Exteriores de Bosnia y Herzegovina —país que obtuvo el estatus de candidato en diciembre de 2022—, considera que esta medida fomentará la inversión y elevará el nivel de vida regional.

Sin embargo, el consenso no es absoluto entre todos los candidatos, ya que algunos temen quedar relegados a una posición de inferioridad. Montenegro, que mantiene el ambicioso objetivo de concluir sus negociaciones para finales de 2026, insiste en una adhesión plena con igualdad de derechos desde el primer día. Macedonia del Norte, cuya solicitud data de 2004, podría iniciar su presencia institucional en 2027 con competencias limitadas si se aprueba este marco. Mientras tanto, Kosovo, que presentó formalmente su solicitud de ingreso en 2022, observa con atención la evolución de estas normativas que podrían definir su futuro europeo.

Desde la Comisión Europea, la comisaria de Ampliación, Marta Kos, ha subrayado que los Tratados vigentes de la Unión no contemplan la existencia de una «membresía de segunda clase». Kos sostiene que cualquier proceso de expansión debe estar diseñado para fortalecer la capacidad de acción del bloque y no para limitarla. Este vacío legal representa un desafío jurídico significativo, dado que la estructura actual de los tratados fundacionales requiere modificaciones profundas para albergar esta nueva modalidad. Paralelamente, el Parlamento Europeo ya ha iniciado trámites para reducir la dependencia de la unanimidad, promoviendo la VMC, un sistema que permite adoptar resoluciones con el consenso de 15 países que representen al menos el 65% de la población total de la UE.

Los analistas internacionales interpretan este giro estratégico como un movimiento pragmático destinado a evitar el estancamiento de la Unión frente a los desafíos del siglo XXI. Aunque la decisión política final sobre las condiciones de ingreso sigue pendiente de resolución, Bruselas ya está desplegando herramientas de apoyo económico tangibles para preparar el terreno. Un ejemplo destacado es el Plan de Crecimiento de 6.000 millones de euros destinado a los Balcanes Occidentales, cuyo objetivo es acelerar la convergencia económica de estos países antes de que se formalice su integración definitiva en la estructura comunitaria.

Este nuevo paradigma busca equilibrar la urgencia de la expansión territorial con la necesidad de mantener la operatividad institucional de una Europa que podría llegar a contar con más de treinta miembros. La transición hacia un modelo de integración por fases marcaría un hito histórico en la evolución de la Unión Europea, transformando la manera en que los Estados soberanos comparten responsabilidades y beneficios dentro del proyecto común, asegurando que el crecimiento geográfico no comprometa la agilidad política del continente.