Elecciones escalonadas en Myanmar: El intento de legitimar el régimen militar en medio del conflicto

La administración militar de Myanmar ha puesto en marcha un proceso electoral de varias fases que dará inicio el 28 de diciembre de 2025. Este será el primer ejercicio de este tipo desde el golpe de Estado que tuvo lugar el 1 de febrero de 2021. El cronograma electoral se ha estructurado en tres rondas distintas: la primera el 28 de diciembre de 2025, seguida por votaciones el 11 de enero de 2026 y, finalmente, el 25 de enero de 2026. Este ciclo electoral representa un paso procedimental estipulado en la Constitución de 2008, un documento elaborado por la anterior cúpula militar, con el fin de efectuar una transición formal desde el estado de emergencia hacia un gobierno constitucional.

El líder de la junta militar, el general supremo Min Aung Hlaing, quien asumió la presidencia en julio de 2025 tras la revocación del estado de excepción, ha manifestado su firme determinación de llevar a cabo estas elecciones “cueste lo que cueste”. No obstante, el contexto en el que se desarrollan es de violencia y represión persistentes, lo cual genera un profundo escepticismo en la esfera internacional. Es crucial señalar que el sufragio se limitará estrictamente a los territorios bajo control efectivo de las fuerzas armadas, una porción que representa menos de la mitad del territorio nacional. La población civil se encuentra bajo una doble presión: por un lado, los militares ejercen coacción para asegurar la participación, mientras que los grupos opositores armados amenazan a aquellos que decidan votar.

Los principales actores políticos de la oposición han sido sistemáticamente excluidos del proceso. Aung San Suu Kyi, líder de la Liga Nacional para la Democracia (LND), partido que fue disuelto, permanece bajo custodia. Según informes disponibles, está cumpliendo una larga condena que comenzó tras su sentencia en diciembre de 2021. La LND, que había logrado una victoria aplastante en las elecciones de 2020, se negó a acatar las nuevas normativas impuestas por la junta y fue disuelta formalmente en marzo de 2023.

La comunidad internacional, incluyendo a la Organización de las Naciones Unidas, ha expresado su gran preocupación, considerando la votación inminente como un mero simulacro destinado a revestir de legitimidad la continuidad del dominio militar. Tom Andrews, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, ha señalado que la junta busca crear una fachada de evento electoral. Mientras que los gobiernos occidentales han manifestado su rechazo categórico, la respuesta de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se ha mantenido notablemente cautelosa. El panorama geopolítico muestra una clara división: China está brindando un apoyo activo a la campaña electoral, ofreciendo asistencia técnica y financiamiento para facilitar el surgimiento de un gobierno con una apariencia de legitimidad, lo cual facilitaría la reanudación de proyectos de infraestructura clave bajo la iniciativa del “Cinturón y la Ruta”. Además, se ha reportado la presencia de delegaciones observadoras provenientes de Rusia y Bielorrusia.

La guerra civil, que estalló el 5 de mayo de 2021 tras la violenta represión de las protestas post-golpe, sigue marcando profundamente la realidad del país. De acuerdo con las estimaciones del Proyecto de Datos sobre Conflictos Armados y Eventos (ACLED), al inicio de 2024, la violencia subsiguiente al golpe había cobrado la vida de más de 45.264 personas. A pesar de este clima de conflicto incesante, el liderazgo militar confía en que estas elecciones le permitirán mantener el control de facto bajo el disfraz de una “democracia disciplinada”.