El Gobierno de Lecornu sobrevive a la moción de censura tras activar el Artículo 49.3 para los presupuestos de 2026

El 20 de enero de 2026, el Gobierno minoritario de Francia, bajo el liderazgo del primer ministro Sébastien Lecornu, empleó el Artículo 49.3 de la Constitución para forzar la aprobación de la partida de ingresos del presupuesto estatal para el año 2026. Esta decisión estratégica se tomó tras meses de parálisis parlamentaria y la falta de un acuerdo a finales de 2025, lo que dejó al país sin un plan financiero ratificado para el nuevo ejercicio. Antes de esta resolución, el Ejecutivo había recurrido a una ley de emergencia que prorrogaba los criterios fiscales de 2025 para cubrir los gastos críticos desde el comienzo del año.

El primer ministro Lecornu, quien anteriormente se había comprometido a no utilizar esta medida excepcional, justificó su proceder ante la necesidad de evitar un colapso financiero, acusando directamente a la oposición de practicar el obstruccionismo sistemático. La aplicación del Artículo 49.3, que permite validar una ley sin el voto de la Asamblea Nacional, activó de forma automática el proceso para presentar mociones de censura por parte de las fuerzas opositoras. Se registraron dos propuestas de censura: una liderada por la formación derechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen y otra impulsada por una coalición de izquierdas, Verdes y Comunistas.

La votación sobre las mociones de censura se llevó a cabo el 23 de enero de 2026 en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. La resolución de las fuerzas de izquierda obtuvo el apoyo de 269 diputados, situándose a tan solo 19 votos de la mayoría absoluta de 288 necesaria para derrocar al gabinete. Por otro lado, la moción presentada por la derecha nacionalista alcanzó los 142 votos. Con este resultado, el Gobierno de Lecornu, que ejerce bajo la presidencia de Emmanuel Macron, logró mantener sus facultades y permanecer en el poder a pesar de la presión legislativa.

La supervivencia del gabinete fue posible gracias a la negativa del Partido Socialista (PS) a votar en contra del Gobierno en este momento crucial. El líder socialista, Olivier Faure, confirmó que sus condiciones fueron satisfechas mediante las concesiones pactadas con el Ejecutivo la semana previa, incluyendo promesas específicas sobre menús universitarios a un euro y un incremento sustancial en el gasto destinado a la vivienda social. Esta votación supuso el sexto intento de destituir al Gobierno de Lecornu desde su nombramiento, tras el cambio de gabinete ocurrido en octubre de 2025.

El contexto fiscal francés sigue presentando desafíos significativos para la administración actual. La ministra de Presupuesto, Amélie de Montchalin, había declarado previamente el objetivo de reducir el déficit presupuestario para 2026 por debajo del cinco por ciento de la producción económica, una cifra que aún supera el límite del tres por ciento fijado por la Unión Europea. Para alcanzar esta meta, se prevé la aplicación de medidas de ahorro, incluyendo un recorte de dos mil millones de euros en instituciones estatales y la extensión de un impuesto para las 300 empresas más grandes del país. Los analistas sugieren que esta decisión busca proporcionar estabilidad a las empresas y demostrar la disciplina fiscal de Francia ante sus socios de la UE.

No obstante, el estancamiento político persiste en el horizonte legislativo francés. Para la aprobación total de la parte restante del presupuesto de 2026, relativa a los gastos, es muy probable que el Gobierno necesite recurrir nuevamente al Artículo 49.3 en el corto plazo. La oficina de Lecornu ha señalado como objetivo completar todo el proceso presupuestario antes del 30 de enero de 2026. Mientras tanto, Marine Le Pen acusó a la administración de traicionar al electorado, subrayando que el procedimiento pone de relieve la debilidad estructural de la mayoría centrista en la Asamblea Nacional. El uso continuado de estos mecanismos constitucionales definirá la agenda política en febrero de 2026, cuando se esperan nuevas batallas legislativas por los capítulos pendientes de la ley financiera.