La Comisión Europea Impone una Multa de 120 Millones de Euros a X por Incumplimiento de Transparencia Bajo la Ley de Servicios Digitales

El viernes 5 de diciembre de 2025 marcó un hito regulatorio, ya que la Comisión Europea aplicó por primera vez sanciones punitivas derivadas de la Ley de Servicios Digitales (DSA). La plataforma X, propiedad de Elon Musk, fue objeto de esta sanción, ascendiendo a 120 millones de euros. Este suceso constituye el primer caso concluido de imposición de multas bajo la nueva normativa de la UE, diseñada para fiscalizar a las grandes plataformas en línea respecto a la seguridad de los usuarios y la transparencia operativa.

Las diligencias formales que culminaron en esta resolución se iniciaron en diciembre de 2023. El importe total de la multa, equivalente a unos 140 millones de dólares estadounidenses, se desglosó en tres infracciones principales. La primera, sancionada con 45 millones de euros, se centró en el diseño engañoso del sistema de verificación pagada, conocida como la «marca azul». La Comisión determinó que cualquier usuario podía adquirir este estatus sin una verificación sustancial de su identidad, lo cual, a juicio del organismo, inducía a error sobre la autenticidad de las cuentas registradas.

La segunda falta, valorada en 35 millones de euros, se relacionó directamente con la falta de transparencia en el repositorio de publicidad de X. El ente regulador constató que la base de datos de anuncios no cumplía con los estándares de accesibilidad exigidos y carecía de información crucial, como los datos identificativos del anunciante. El tercer componente de la sanción, que sumó 40 millones de euros, fue impuesto debido a la obstrucción del acceso de investigadores a datos públicos de la plataforma. La Comisión argumentó que esta acción obstaculizaba la evaluación de los riesgos sistémicos dentro del territorio de la Unión Europea.

Hennna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva responsable de soberanía tecnológica, seguridad y democracia, declaró que el monto de la multa refleja la «naturaleza de la infracción, la gravedad del perjuicio causado a los usuarios de la UE y la duración» de los incumplimientos detectados. La Comisión ha otorgado a X un plazo de 60 días hábiles para corregir las deficiencias relativas a la «marca azul». Adicionalmente, se concedieron 90 días hábiles para presentar un plan de acción que garantice la transparencia del repositorio publicitario y el acceso de los investigadores, advirtiendo que el incumplimiento acarreará pagos punitivos periódicos.

Curiosamente, el mismo día, la Comisión aceptó los compromisos presentados por TikTok para mejorar la transparencia publicitaria, logrando así evitar una multa por ese concepto específico. La decisión tomada en Bruselas generó inmediatamente fricciones diplomáticas con Washington. El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, manifestó su desaprobación, señalando que la UE «debería defender la libertad de expresión y no emprender acciones contra empresas estadounidenses». Por su parte, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, calificó el acto como un «ataque de gobiernos extranjeros contra todas las plataformas tecnológicas americanas y el pueblo de Estados Unidos».

En contraste, los funcionarios europeos celebraron la medida como una muestra de firmeza regulatoria. La ministra francesa de Transformación Digital, Anne Le Renard, calificó el hecho como «histórico», mientras que el ministro alemán Carsten Wulff subrayó que las normas de la UE «se aplican a todos, sin importar su procedencia». Analistas del sector señalaron que la penalización económica es relativamente contenida, considerando que el máximo de sanción permitido por la DSA puede alcanzar el 6% de los ingresos globales anuales de una corporación.

Virkkunen, cuya cartera incluye la aplicación de la DSA, supervisa investigaciones más amplias sobre X que se iniciaron en diciembre de 2023, centradas en la moderación de contenidos y la desinformación. Este precedente sienta una clara línea divisoria en el diálogo transatlántico sobre la gobernanza digital, reafirmando la potestad soberana de la UE para aplicar su legislación a los actores dominantes que operan dentro de su mercado.