Una coalición de estados de EE. UU. desafía ante la justicia los aranceles globales de Trump bajo la Sección 122

Una coalición de gran envergadura, compuesta por veintidós fiscales generales estatales y dos gobernadores del Partido Demócrata, ha interpuesto una demanda formal el jueves 5 de marzo de 2026. Este recurso legal cuestiona directamente la autoridad del presidente Donald Trump para imponer nuevos aranceles a nivel global. El litigio se presentó ante el Tribunal de Apelaciones de Comercio Internacional de los Estados Unidos, con sede en Nueva York, con el objetivo de frenar un gravamen del 15 por ciento sobre las importaciones provenientes de casi todos los países del mundo. Según los demandantes, esta medida representa un claro exceso de las facultades del poder ejecutivo que pone en riesgo la estabilidad económica nacional.

Esta ofensiva judicial surge como respuesta inmediata a una sentencia trascendental del Tribunal Supremo emitida el 20 de febrero de 2026, la cual invalidó los aranceles masivos previos de la administración Trump fundamentados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Tras este revés legal, el gobierno recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición que históricamente no se había utilizado para la implementación de aranceles de esta magnitud en tiempos modernos. Inicialmente, el 24 de febrero de 2026, la administración estableció una tasa del 10 por ciento bajo dicha sección, mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya advertía sobre un incremento inminente al 15 por ciento para consolidar su política comercial.

El frente legal está encabezado por figuras prominentes como los fiscales generales Dan Rayfield de Oregón, Letitia James de Nueva York, Rob Bonta de California y Kris Mayes de Arizona. Los litigantes sostienen con firmeza que la Sección 122 fue diseñada exclusivamente para abordar situaciones críticas muy específicas, tales como «déficits grandes y graves en la balanza de pagos», y no como un mecanismo para eludir el reciente veredicto del Tribunal Supremo sobre la IEEPA. Dan Rayfield subrayó que la prioridad absoluta de las autoridades debería ser el reembolso inmediato de los fondos a los ciudadanos afectados, en lugar de buscar formas de escalar la aplicación de aranceles. Por su parte, Kris Mayes calificó las nuevas acciones como una usurpación de poder ilegal, sugiriendo que es el mismo abuso de autoridad pero bajo el pretexto de una normativa distinta.

En términos técnicos, la Sección 122 otorga permiso para instaurar aranceles de hasta el 15 por ciento por un periodo máximo de 150 días sin necesidad de contar con la aprobación previa del Congreso de los Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha manifestado que durante este lapso de tiempo la administración tiene previsto concluir investigaciones exhaustivas bajo las Secciones 301 y 232, con el fin de restaurar un régimen arancelario a largo plazo que sea legalmente sostenible. Paralelamente, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, afirmó que el gobierno defenderá con vigor las acciones presidenciales ante los tribunales, argumentando que el mandatario está utilizando legítimamente los poderes delegados por el Congreso para corregir desequilibrios financieros internacionales que consideran severos.

Esta batalla jurídica se desarrolla de forma simultánea a otros procesos legales de gran calado que buscan la devolución de los importes recaudados por los aranceles anteriores. El juez Richard Eaton, del Tribunal de Apelaciones de Comercio Internacional, ya ha emitido una orden contundente que obliga a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) a anular los gravámenes basados en la IEEPA y a revisar minuciosamente los registros ya liquidados. Se estima que esta resolución judicial podría forzar al gobierno federal a realizar reembolsos por una cifra astronómica que supera los 130.000 millones de dólares. Se prevé que la administración Trump presente un recurso de apelación contra esta decisión en un intento por evitar este impacto fiscal masivo.

La repercusión internacional no se ha hecho esperar, reflejando una profunda preocupación por la estabilidad del comercio global. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha expresado su alarma ante estas medidas, haciendo hincapié en la importancia fundamental del Estado de derecho y del sistema de pesos y contrapesos que debe regir las relaciones internacionales. Además, los demandantes señalan una contradicción legal interna que debilita la postura del gobierno: aunque la Sección 122 exige explícitamente una «aplicación amplia y uniforme» de los aranceles, la administración ha otorgado exenciones discrecionales para ciertos productos, como aquellos que cumplen con el tratado USMCA. Según los fiscales, estas excepciones selectivas violan el mandato de uniformidad que exige la propia ley invocada por el presidente para justificar sus acciones.