Implementación de la segunda fase del plan de paz en Gaza: retos de desmilitarización y estrategias diplomáticas

El 14 de enero de 2026 marcó el inicio oficial de la segunda fase del ambicioso plan de paz propuesto por la administración Trump para la Franja de Gaza. Tras un periodo inicial centrado estrictamente en el cese de hostilidades, el enfoque diplomático y operativo ha girado ahora hacia pilares fundamentales: la desmilitarización integral, el establecimiento de un sistema de gobernanza tecnocrática y la reconstrucción física del territorio. Este cambio de etapa busca transformar la realidad administrativa de la zona para garantizar una estabilidad a largo plazo que trascienda los conflictos armados recurrentes que han asolado la región.

Como pieza central de esta nueva arquitectura institucional, se ha procedido a la creación del Comité Nacional para la Gestión de Gaza (CNGG). Este organismo tiene la responsabilidad crítica de asumir las funciones de los servicios civiles y la administración pública en la región, desplazando las estructuras previas. Al frente de esta entidad se encuentra Ali Shaat, quien anteriormente se desempeñó como viceministro de la Autoridad Palestina. La supervisión de sus actividades recaerá sobre Nickolay Mladenov, ex enviado especial de las Naciones Unidas, quien ejercerá el rol de Alto Representante sobre el terreno para asegurar la transparencia y el cumplimiento de los objetivos internacionales.

El CNGG está integrado por un equipo de 15 tecnócratas palestinos seleccionados cuidadosamente por su experiencia técnica y profesional. Durante su presentación oficial, Shaat subrayó que la filosofía del comité se basará estrictamente en el uso de la «inteligencia y la razón, en lugar de las armas», marcando una línea divisoria clara con las estructuras de poder de las milicias. Asimismo, se ha enfatizado que el comité no mantendrá ningún tipo de coordinación operativa con las facciones armadas, buscando legitimar su autoridad exclusivamente a través de la gestión eficiente y el servicio directo a la población civil.

A pesar de estos avances institucionales, el proceso enfrenta un desafío monumental que amenaza su viabilidad: la exigencia del desarme total de Hamás. Hasta la fecha, la organización se ha negado rotundamente a entregar incluso su armamento ligero, lo que genera un punto muerto crítico en las negociaciones de seguridad. Ante esta postura desafiante, el gobierno de Washington ha emitido advertencias contundentes sobre las «consecuencias graves» que acarrearía el incumplimiento de los compromisos de desmilitarización, elevando la presión diplomática sobre todos los actores locales involucrados.

La situación en el terreno sigue siendo extremadamente volátil, como lo demuestran los datos proporcionados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Según sus registros oficiales, se han contabilizado al menos 78 violaciones del alto el fuego desde el 10 de octubre de 2025. La tensión alcanzó un punto de ruptura el 13 de enero de 2026, tras un ataque dirigido contra un tanque de las FDI en la zona de Rafah. Este incidente provocó una respuesta militar inmediata, resultando en la reanudación de los ataques aéreos y operativos israelíes el 15 de enero de 2026, rompiendo la calma relativa que se intentaba consolidar en las semanas previas.

El futuro de la retirada militar israelí depende ahora de un equilibrio precario entre la seguridad nacional y la diplomacia internacional. Las autoridades de Israel han condicionado firmemente el repliegue de sus tropas detrás de la denominada «Línea Amarilla» a que se produzcan avances tangibles y verificables en el proceso de desarme de las milicias. Mientras el Comité Nacional para la Gestión de Gaza intenta establecer su autoridad civil bajo la mirada de la comunidad internacional, la sombra de la confrontación armada y las maniobras diplomáticas continúan definiendo el complejo camino hacia la reconstrucción y la paz en la región.