Comisión Europea Inicia Procedimiento de Infracción contra Hungría por Ley de Libertad de Medios

La Comisión Europea notificó formalmente el 11 de diciembre de 2025 el inicio de un procedimiento de infracción contra Hungría por presuntas transgresiones de la normativa comunitaria, específicamente en relación con la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA). Este reglamento, de aplicación directa y obligatoria desde el 8 de agosto de 2024, establece un marco para salvaguardar el periodismo y el pluralismo en los 27 Estados miembros. La decisión de Bruselas indica que las prácticas regulatorias y las acciones estatales húngaras contravienen la legislación de la UE en aspectos fundamentales para la información y la democracia.

El núcleo de la controversia reside en la supuesta vulneración de principios clave de la EMFA, como la independencia editorial, la transparencia en la propiedad de los medios y el control sobre la distribución de la publicidad institucional. La Comisión señala específicamente la falta de protección adecuada a las fuentes periodísticas, la gestión de los medios públicos y la distribución sesgada de la publicidad estatal como puntos de fricción. El Gobierno húngaro fue el único Estado miembro que votó en contra de este reglamento, que estipula garantías explícitas como procesos transparentes para la selección de directivos de medios públicos.

El deterioro de la libertad de prensa en Hungría ha sido una preocupación documentada, con informes previos, como el de julio de 2025 sobre el Estado de Derecho, alertando sobre una concentración que amenazaba el pluralismo mediático. La situación se ha visto agravada por la concentración del mercado tras la venta del portafolio de Ringier, que incluía el tabloide Blikk, a Indamedia el 31 de octubre de 2025, sumando control sobre el portal Index y el canal TV2. Estas dinámicas han sido señaladas previamente; en 2019, Scott Griffen del Instituto Internacional de Prensa (IPI) ya había advertido sobre una "deformación del mercado de prensa" impulsada por la política publicitaria ejecutiva.

La comunicación inicial de la Comisión detalla que la legislación húngara no ofrece mecanismos efectivos para remediar las violaciones a la normativa europea. Paralelamente, la Oficina de Protección de la Soberanía, dirigida por Tamás Lánczi, investiga la financiación de medios críticos como Átlátszó. El Gobierno húngaro dispone de un plazo de dos meses para responder a la carta de notificación formal. Si la respuesta no es satisfactoria, la Comisión podría emitir una opinión motivada y, eventualmente, remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, intensificando las acciones de cumplimiento de la UE en materia de derechos fundamentales.