Asamblea Nacional Aprueba Reforma de Ley de Hidrocarburos para Fomentar Inversión Privada

La Asamblea Nacional de Venezuela sancionó el jueves 29 de enero de 2026 la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una medida legislativa diseñada para desmantelar dos décadas de estricto control estatal sobre el sector petrolero. La legislación, promulgada por la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez, introduce mecanismos destinados a fomentar la participación privada y extranjera, revirtiendo principios fundamentales del modelo socialista previo. Este cambio normativo se produce en un contexto político marcado por la reciente captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, tras una operación militar estadounidense en Caracas.

La reforma modifica aspectos esenciales de la operación petrolera, incluyendo una potencial reducción del tope de las regalías y la eliminación de la obligatoriedad de dirimir todas las disputas legales exclusivamente en tribunales venezolanos, permitiendo el arbitraje independiente. Esta última disposición es considerada crucial para mejorar la seguridad jurídica de los inversores internacionales. La nueva administración interina, liderada por Rodríguez desde el 5 de enero, impulsa esta apertura en paralelo a una flexibilización de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aunque Washington mantendrá la gestión de las ventas de crudo venezolano para alinear los ingresos con sus objetivos de política exterior.

El objetivo explícito de la reestructuración legal es revitalizar una industria que ha experimentado un colapso productivo significativo, cayendo de 3.4 millones de barriles diarios en 1998 a aproximadamente 742,000 barriles diarios en 2025. La propia Asamblea Nacional proyectó que estas reformas podrían catalizar un incremento de la producción de un 18 por ciento durante el año 2026 en comparación con el ejercicio anterior. Venezuela, que posee cerca del 17% de las reservas mundiales de crudo, busca atraer capital internacional, con empresas como Chevron ratificando su disposición a participar en la construcción de un sector más competitivo, según declaró su alto representante Mariano Vela.

En el ámbito tributario, la ley establece una regalía máxima del 30% y crea el Impuesto Integrado de Hidrocarburos con una alícuota máxima del 15% sobre los ingresos brutos, eliminando otras cargas como el Impuesto a los Grandes Patrimonios para dinamizar el flujo de caja de las operadoras. Si bien el reconocimiento del arbitraje internacional es visto como un paso hacia la atracción de inversiones estratégicas, ha generado resistencia por la percepción de cesión de soberanía jurisdiccional. Adicionalmente, la licencia general del Tesoro de EE. UU. autoriza transacciones a entidades estadounidenses, excluyendo explícitamente a empresas vinculadas a China, Rusia, Irán o Cuba, lo que añade una capa de complejidad geopolítica a la reactivación del mercado.

El Secretario de Estado Marco Rubio detalló que los ingresos petroleros bajo supervisión estadounidense se destinarán a servicios básicos como seguridad y sanidad, sujetos a estricta auditoría, como parte de una intervención financiera para influir en la transición política. Este pivote económico representa un desafío al legado nacionalista petrolero defendido históricamente por figuras como Juan Pablo Pérez Alfonzo, padre de la OPEP, quien abogaba por el control operativo absoluto del Estado.