Diecinueve estados de EE. UU. desafían en corte federal la legalidad de una tarifa de $100,000 para visas H-1B

Una coalición compuesta por diecinueve estados ha interpuesto una demanda federal contra la administración Trump, cuestionando la validez de imponer una tarifa de 100.000 dólares a las nuevas peticiones de visas H-1B destinadas a trabajadores altamente cualificados. Esta acción legal fue presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.

El pleito argumenta que esta disposición excede las facultades ejecutivas y que su implementación eludió los procedimientos obligatorios establecidos por la ley de derecho administrativo. La proclamación que introdujo esta tarifa se emitió el 19 de septiembre de 2025, y su entrada en vigor se concretó apenas dos días después, el 21 de septiembre de 2025. Este lapso tan breve generó inmediatamente serios inconvenientes financieros para los empleadores que dependen de este talento extranjero.

Esta nueva tarifa, que representa un incremento de hasta cien veces sobre los costos habituales, los cuales oscilaban entre 960 y 7.595 dólares, amenaza con agravar la escasez de mano de obra en sectores cruciales como la sanidad, la educación y la tecnología. El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, lideró a la coalición de demandantes, señalando que esta imposición resultaría devastadora para instituciones públicas como la Universidad de Oregón, que patrocina a más de 50 investigadores con visa H-1B, y la Universidad Estatal de Oregón, que emplea a más de 150 de estos profesionales. Por su parte, el fiscal general de California, Rob Bonta, calificó el decreto como una 'idea que amenaza con una crisis de profunda seriedad', recordando que gigantes tecnológicos californianos como Meta, Google y Apple son usuarios prominentes del programa H-1B.

Los estados demandantes sostienen firmemente que la administración Trump ignoró deliberadamente el requisito de notificación y período de comentarios públicos estipulado en la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) de 1946, lo cual constituye el eje central de su impugnación. En contraste, el Departamento de Justicia defiende la política, argumentando que esta se encuentra protegida de revisión judicial bajo las facultades que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) confiere para restringir el ingreso al país. El vicepresidente J. D. Vance ha manifestado su crítica al sistema H-1B, sosteniendo que se utiliza para traer mano de obra barata en detrimento de los ciudadanos estadounidenses.

Es importante destacar que esta medida no afecta a los titulares actuales de visas que buscan renovar su estatus, ni a las peticiones presentadas antes del 21 de septiembre de 2025. Se prevé que la tarifa se aplique a la lotería de visas H-1B programada para principios de 2026. Este contexto legal se desarrolla mientras el debate político sobre el sistema migratorio se intensifica a finales de 2025.

De manera paralela a esta batalla judicial, la discusión política en torno a la inmigración se ha acentuado. Aunque el programa H-1B ha servido históricamente para atraer talento especializado —por ejemplo, en 2023, el 73% de las 386.000 visas emitidas fueron para ciudadanos de la India—, los críticos consideran que las nuevas regulaciones socavan su propósito fundamental. Como muestra de la escalada en las políticas restrictivas de inmigración, el 15 de diciembre de 2025, el Departamento de Estado implementó requisitos de cribado digital ampliados, añadiendo otra capa de complejidad al proceso.