El Índice de Equidad Oceánica: un nuevo estándar para la sostenibilidad de la economía azul

En el ámbito de la gobernanza marítima global, ha surgido una herramienta de medición transformadora conocida como el Ocean Equity Index (OEI), o Índice de Equidad Oceánica. Este marco estandarizado tiene como objetivo principal trasladar el concepto de equidad desde el terreno de las simples declaraciones retóricas hacia un sistema de criterios verificables. A través de este índice, es posible analizar con precisión quién toma las decisiones, quién recibe los beneficios económicos y quién asume los daños ambientales, garantizando que los procesos de gestión sean transparentes y responsables ante la sociedad internacional.

El OEI fue presentado oficialmente el 28 de enero de 2026 en la prestigiosa revista Nature por un equipo de investigación internacional de alto nivel. Este grupo estuvo liderado por la profesora asociada Jessica Blythe, perteneciente al Environmental Sustainability Research Centre de la Brock University en Canadá. La lógica detrás de este desarrollo es tan sencilla como urgente: históricamente, las ventajas de la actividad marina suelen concentrarse en los actores más poderosos, mientras que las consecuencias de la contaminación y los riesgos climáticos recaen de manera desproporcionada sobre las comunidades costeras, los pueblos indígenas y los pescadores artesanales. El índice ofrece una vía práctica para identificar estos desequilibrios estructurales antes de que se consoliden como una norma aceptada en los proyectos de desarrollo.

La relevancia de esta herramienta se ve potenciada por el contexto legal actual, marcado por el BBNJ Agreement, conocido comúnmente como el Tratado de Alta Mar. Este es un acuerdo legalmente vinculante para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, el cual entró en vigor el 17 de enero de 2026. Este hito implica que la mitad de la superficie oceánica del planeta cuenta ahora con un nuevo marco de gestión donde las preguntas sobre quién se beneficia y quién tiene derechos han dejado de ser cuestiones secundarias para convertirse en el eje central de la política oceánica global.

En cuanto a su funcionamiento técnico, el OEI se fundamenta en 12 criterios específicos que abarcan derechos, participación, rendición de cuentas, mitigación de daños y distribución de beneficios. Cada uno de estos criterios se evalúa en una escala del 0 al 3, permitiendo una puntuación máxima de 36 puntos. La metodología ha sido diseñada para ser cualitativa pero rigurosamente estructurada, asegurando que sea aplicable en negociaciones reales y proyectos complejos de inversión. Para facilitar su implementación en diversas regiones, el formato de la herramienta es una tabla de Excel sencilla, pensada para ser utilizada sin necesidad de una formación técnica avanzada e incluso en entornos remotos sin conexión a internet.

El OEI ha sido concebido como un instrumento de evaluación rápida que transforma los debates abstractos sobre justicia social en datos concretos para la toma de decisiones estratégicas. Sus aplicaciones son diversas y fundamentales para el futuro del sector:

• Se utiliza en el diseño de proyectos comerciales marinos y en la evaluación técnica de inversiones de impacto.
• Sirve como un estándar de cumplimiento en procesos de recaudación de fondos y para satisfacer las exigencias de transparencia de los donantes.
• Funciona en la gestión pública como un mecanismo para verificar la eficacia real de las políticas gubernamentales.
• Es una herramienta vital para los pueblos indígenas y las comunidades locales, permitiéndoles evaluar proyectos que afectan sus territorios y exigir una rendición de cuentas efectiva.

Un aspecto crucial es que el OEI no actúa como un tribunal punitivo, sino que su función principal es iluminar las brechas existentes en la gestión actual del océano. El índice detecta con claridad dónde falta el reconocimiento de derechos, dónde la participación comunitaria es meramente simulada y dónde los beneficios se privatizan mientras los perjuicios ambientales se socializan. Esta capacidad convierte al índice en una base sólida para establecer ciclos continuos de monitoreo, evaluación y corrección. Sin estos mecanismos de control, la denominada economía azul corre el riesgo de ser solo un término atractivo carente de contenido real y justicia distributiva.

En última instancia, el Índice de Equidad Oceánica aporta una nueva y necesaria dimensión al diálogo sobre la sostenibilidad de nuestro planeta. Nos recuerda una verdad fundamental: la sostenibilidad es inalcanzable si no existe una base sólida de justicia. Si el objetivo global es alcanzar un océano saludable y productivo para el año 2030, las métricas de éxito no deben limitarse únicamente a contabilizar los kilómetros cuadrados de áreas protegidas. Es imperativo medir también la calidad de la participación humana, el respeto a los derechos fundamentales y la equidad en la distribución de las riquezas y servicios que el mar nos ofrece a todos.