Trump Lanza un Programa de Inmigración Basado en la Riqueza: La 'Golden Card'

El miércoles 10 de diciembre de 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio luz verde oficial a un nuevo programa de visas de inmigración denominado 'Golden Card de Trump' desde la Casa Blanca. Esta vía migratoria de carácter preferencial fue formalizada mediante la Orden Ejecutiva N.º 14351, firmada previamente el 19 de septiembre de 2025. La iniciativa busca ofrecer a individuos adinerados y corporaciones la posibilidad de obtener la residencia permanente de manera acelerada, a cambio de una contribución financiera sustancial al Tesoro estadounidense. Este mecanismo introduce una categoría de inmigración cimentada en la riqueza, lo cual inevitablemente suscita interrogantes sobre los límites del poder ejecutivo, dado que se implementa sin una ratificación explícita del Congreso.

El Secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien obtuvo la confirmación del Senado el 18 de febrero de 2025, ha comunicado que la fecha límite para la implementación total, según lo estipulado en la orden, es el 18 de diciembre de 2025. Lutnick, quien anteriormente fungió como director ejecutivo de Cantor Fitzgerald, está a cargo de supervisar la puesta en marcha de este esquema. La 'Golden Card' individual requiere un depósito no reembolsable de 1 millón de dólares, además de una tarifa de procesamiento de 15.000 dólares que se abona al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para llevar a cabo una exhaustiva diligencia debida de los solicitantes. En el ámbito corporativo, la versión del programa exige un aporte de 2 millones de dólares por cada empleado asociado, sumado a su respectiva tarifa de gestión.

El presidente Trump ha enmarcado esta tarjeta como una estrategia esencial para retener en EE. UU. a los 'talentos invaluables', anticipando una inyección de 'muchos miles de millones de dólares' en las arcas del Tesoro. Según el Secretario Lutnick, cerca de 10.000 personas ya se han inscrito durante la fase de pre-registro. Los aspirantes aprobados serán integrados en las categorías de visas existentes EB-1 o EB-2, donde la aportación económica servirá como prueba de 'beneficio nacional'. No obstante, los críticos señalan que, dado que el programa se apoya en los cupos legislativos actuales, esta 'vía rápida' se refiere a la calificación y no al tiempo de espera final por un número de visa, ya que los solicitantes competirán dentro de un conjunto limitado de visas disponibles.

Este nuevo esquema se promueve como un sustituto o un complemento del programa vigente para Inversionistas Inmigrantes EB-5, el cual exige inversiones que oscilan entre 800.000 y 1,05 millones de dólares en negocios que generen un mínimo de 10 puestos de trabajo, con la posibilidad de recuperar el capital invertido. De forma paralela, se ha anunciado una categoría superior, la 'Platinum Card', con un costo de 5 millones de dólares, la cual, según se informa, podría otorgar exenciones fiscales sobre ingresos generados fuera de EE. UU. durante 270 días al año. Es crucial notar que la Orden Ejecutiva de septiembre de 2025 no hacía mención a esta 'Platinum Card', lo que abre un debate legal considerable respecto al tratamiento fiscal de los ingresos de sus futuros titulares en caso de obtener la ciudadanía.

El portal oficial del programa, trumpcard.gov, comenzó a aceptar solicitudes en línea durante la semana de su lanzamiento. El procedimiento de postulación implica la creación de una cuenta en myUSCIS.gov tras el pago de las tarifas iniciales y los datos requeridos, seguida de una rigurosa revisión por parte de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), incluyendo la verificación del origen lícito de los fondos. A pesar de la celeridad en el procesamiento de la petición, los aspirantes deben cumplir con todos los requisitos legales y procedimentales aplicables a otros solicitantes de la tarjeta verde basados en empleo, incluyendo las restricciones impuestas por país. Si bien el objetivo es robustecer la economía americana atrayendo capital, su ejecución dentro del marco migratorio existente plantea desafíos tanto prácticos como jurídicos considerables.