El Tratado de Alta Mar entra oficialmente en vigor el 17 de enero de 2026, estableciendo un marco global para la protección del océano

El 17 de enero de 2026 marca un hito histórico para la gobernanza global con la entrada en vigor oficial del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica más allá de la Jurisdicción Nacional, comúnmente denominado Tratado de Alta Mar (BBNJ). Este instrumento jurídicamente vinculante constituye el primer marco legal integral diseñado específicamente para la preservación y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en aguas internacionales, un vasto territorio que hasta la fecha carecía de una regulación efectiva y coordinada.

El camino hacia este logro comenzó con el consenso alcanzado en junio de 2023, tras casi dos décadas de intensas negociaciones diplomáticas. El tratado activó su fase final tras cumplir el requisito de ratificación por parte de 60 naciones el 19 de septiembre de 2025, lo que dio inicio a un periodo de espera reglamentario de 120 días. Al entrar en vigor, el acuerdo cuenta ya con 81 Partes, incluyendo a la Unión Europea y 16 de sus Estados miembros. En total, 145 países han firmado el documento, destacando potencias económicas como China, Brasil, Alemania, Francia y Japón.

Adam McCarthy, ex primer secretario adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores de Australia y copresidente de la Comisión Preparatoria del BBNJ, ha señalado que este sistema legal regulará por primera vez la mitad de la superficie del planeta. Esta vasta extensión representa una porción crítica del hábitat terrestre que ahora contará con herramientas para combatir amenazas crecientes como la sobrepesca, la contaminación y la pérdida acelerada de biodiversidad. Estas medidas son fundamentales para alcanzar el objetivo global de proteger el 30% de los océanos del mundo para el año 2030.

Entre las disposiciones más relevantes del Tratado de Alta Mar se encuentra el mandato para la creación de Áreas Marinas Protegidas (AMP) en alta mar. Asimismo, el acuerdo exige la realización de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) obligatorias para cualquier actividad humana que pueda comprometer la integridad del entorno marino. Otro pilar central es el establecimiento de mecanismos para la distribución equitativa de los beneficios derivados de los Recursos Genéticos Marinos (RGM), garantizando que los países en desarrollo reciban apoyo mediante el fortalecimiento de capacidades y la transferencia de tecnología.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha enfatizado la urgencia de esta iniciativa al declarar que la salud del océano es la salud de la humanidad. Para operativizar estas metas, se prevé que la primera Conferencia de las Partes (COP) se reúna dentro del primer año de vigencia del tratado. Este órgano directivo será el encargado de establecer los mecanismos de funcionamiento y resolución de disputas, responsabilizando a los agentes contaminantes y reforzando la cooperación internacional bajo los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

A pesar del optimismo global, persisten desafíos para la universalidad del acuerdo. Estados Unidos, aunque firmó el documento en 2023, aún no ha procedido a su ratificación formal. Por otro lado, la Federación de Rusia se ha mantenido al margen del proceso, sin haber firmado ni ratificado el tratado en el momento de su entrada en vigor. No obstante, la implementación de este marco jurídico representa un avance sin precedentes hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas relacionados con la vida submarina.