The New York Times Desafía Legalmente las Restricciones de Acceso Impuestas por el Pentágono

El prestigioso diario The New York Times presentó formalmente una demanda federal el jueves 4 de diciembre de 2025 contra el Departamento de Defensa de Estados Unidos y, específicamente, contra el Secretario de Defensa, Pete Hegseth. La acción legal se centra en impugnar las nuevas y severas normativas impuestas a los periodistas acreditados, las cuales entraron en vigor durante el mes de octubre de 2025. Este litigio fue radicado ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Washington, D.C., marcando un enfrentamiento directo entre la prensa y el estamento militar.

El núcleo de esta controversia legal reside en un documento de 21 páginas que el Departamento de Defensa exige a los reporteros que cubren la sede en Arlington, Virginia. Este acuerdo obliga a los profesionales de la información a abstenerse de solicitar o recibir cualquier dato, incluso si no está clasificado, a menos que haya recibido previamente la autorización gubernamental explícita. The New York Times argumenta firmemente que estas estipulaciones constituyen una censura previa inconstitucional. Señalan que violan las garantías de libertad de expresión y prensa consagradas en la Primera Enmienda, así como el debido proceso establecido en la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense. La parte demandante sostiene que el verdadero propósito de esta política es ejercer un control absoluto sobre la cobertura de temas incómodos para la administración actual, privando al público de información crucial.

El periodista de NYT, Julian E. Barnes, figura como co-demandante tras negarse a rubricar las nuevas condiciones contractuales. Charlie Stadtlander, portavoz de The New York Times, fue categórico al calificar la medida como «un intento de ejercer control sobre la información que al gobierno no le agrada». En un acto de protesta significativo contra estas limitaciones, que los abogados consideran una amenaza a las garantías periodísticas fundamentales, varios medios de comunicación internacionales de primer orden ya habían desocupado sus oficinas dentro del Pentágono. Entre los medios que retiraron sus credenciales, aunque continúan informando desde el exterior, se encuentran The Washington Post, The Associated Press y Reuters.

A la fecha de octubre de 2025, se reportó que únicamente unos 15 reporteros, incluyendo representantes de One America News, The Federalist y The Epoch Times, aceptaron someterse a las nuevas reglas, lo que restringe su trabajo a temas previamente aprobados. El Secretario Hegseth había defendido previamente el acceso al Pentágono como una «prerrogativa, no un derecho», justificando las restricciones como necesarias para salvaguardar al personal de filtraciones que comprometan la seguridad operativa. La argumentación legal de The New York Times se cimienta en precedentes históricos: el concepto de «censura previa» (prior restraint) ha sido catalogado por la Corte Suprema de EE. UU. como la violación más grave de los derechos de la Primera Enmienda, tal como se estableció en el emblemático caso «New York Times Co. v. United States» (1971) sobre los Papeles del Pentágono. Además, la Asociación de Corresponsales del Pentágono manifestó su respaldo a la demanda, calificando el intento de limitar la recopilación y difusión de noticias como «la antítesis de una prensa libre e independiente».

En el contexto de esta disputa institucional, la cobertura externa realizada por los medios que abandonaron las instalaciones se ha enfocado en operaciones militares de alta sensibilidad. Recientemente, estas publicaciones lideraron informes que cuestionan el rol del Secretario Hegseth en los recientes ataques aéreos llevados a cabo en el Caribe. Específicamente, se abordó un incidente de «doble impacto» contra una embarcación que, según los reportes, resultó en la muerte de supervivientes, un suceso que expertos han señalado como un posible crimen de guerra y que ha captado la atención del Congreso de EE. UU. De este modo, el conflicto actual representa un choque frontal entre la necesidad gubernamental de proteger la seguridad nacional y las exigencias constitucionales ineludibles de transparencia y libertad de prensa.