La Oficina de Derechos Humanos de la ONU solicita fondos de emergencia ante una crisis de recursos sin precedentes

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha iniciado formalmente un llamamiento urgente de recaudación de fondos este jueves, 5 de febrero de 2026, en la ciudad de Ginebra. Volker Türk, quien asumió el liderazgo de la organización el 17 de octubre de 2022, declaró que la agencia se encuentra operando en un modo de «supervivencia» crítico debido a los recortes de las potencias mundiales.

Este llamamiento tiene como meta recaudar 400 millones de dólares para cubrir las necesidades financieras esenciales de las operaciones de campo del ACNUDH durante el año 2026. El panorama se ha vuelto complejo tras la aprobación del presupuesto ordinario de la ONU para dicho año, fijado en 224,3 millones de dólares, lo que supone un 10% menos que en 2025.

A nivel institucional, el presupuesto total de las Naciones Unidas para 2026 se estableció en 3.450 millones de dólares, reflejando una reducción del 7% respecto al año anterior. Esta política de austeridad incluye la supresión de 2.900 puestos de trabajo en toda la estructura de la organización como parte de las medidas de ahorro para enfrentar la crisis de liquidez.

Gran parte de esta inestabilidad financiera se vincula al cambio en el rumbo de la política exterior bajo la administración del presidente estadounidense Donald Trump, quien suspendió las contribuciones voluntarias para 2026. Esto contrasta con los datos de 2024, cuando Estados Unidos figuró como el mayor donante individual con 36 millones de dólares aportados durante la administración de Joe Biden.

Las repercusiones de la falta de fondos ya se sintieron en 2025, año en que el ACNUDH se vio obligado a eliminar 300 cargos y reducir su actividad en 17 países, incluyendo a Myanmar, Colombia y Chad. El volumen de misiones de monitoreo de derechos humanos cayó drásticamente, registrando solo 5.000 misiones frente a las 11.000 realizadas en 2024.

En el caso específico de Myanmar, el programa de derechos humanos fue recortado en más de un 60 por ciento. Durante el ejercicio de 2025, la Oficina solicitó 500 millones de dólares en aportaciones voluntarias, pero solo logró recaudar 257,8 millones, lo que consolidó un déficit estructural profundo en sus finanzas operativas.

Volker Türk subrayó que estas limitaciones presupuestarias «atan las manos a los infractores de los derechos en todo el mundo, permitiéndoles actuar a su antojo». El Alto Comisionado destacó la incoherencia de debilitar los mecanismos de vigilancia internacional justo cuando se intensifican crisis geopolíticas graves en naciones como Sudán y Myanmar.

A pesar de las dificultades, en 2025 el personal del ACNUDH en 87 países logró documentar decenas de miles de violaciones y brindó apoyo a 67.000 sobrevivientes de tortura. Además, la organización supervisó más de 1.300 procesos judiciales, manteniendo su compromiso con la justicia internacional a pesar de la notable escasez de recursos financieros.

Finalmente, el mapa de donantes ha mostrado cambios significativos: mientras Francia no aportó fondos voluntarios en 2025 y el Reino Unido redujo su participación, otros actores aumentaron su apoyo. Donantes como Alemania, Suecia y la Unión Europea incrementaron sus contribuciones financieras en comparación con el año anterior para intentar paliar el déficit estructural de la organización.