Rodríguez Promulga Ley de Amnistía Tras Captura de Maduro; Oposición Expresa Cautela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, formalizó el jueves 19 de febrero de 2026 la promulgación de una ley de amnistía, un acto que siguió a su aprobación legislativa y que tiene como fin explícito la liberación de cientos de personas catalogadas como presos políticos, activistas y abogados. Esta decisión gubernamental se produce en el contexto alterado por la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, durante una incursión militar estadounidense, evento que conllevó el nombramiento de Rodríguez como interina conforme al Artículo 233 de la Constitución. Rodríguez describió la firma como un acto de madurez política, indicando que la medida representaba la disposición de los líderes a "dejar ir un poco de intolerancia y abrir nuevas avenidas para la política en Venezuela".

La legislación cubre acciones vinculadas a protestas y sucesos catalogados como "violentos" ocurridos en periodos específicos desde 1999, incluyendo el intento de golpe de Estado de 2002 y manifestaciones posteriores a 2004. Sin embargo, el alcance de la ley presenta exclusiones significativas, marginando a aquellos sentenciados por "rebelión militar" relacionada con los acontecimientos de 2019. La organización no gubernamental Foro Penal, que monitorea la situación de los detenidos, estimaba al 17 de febrero de 2026 que más de 600 individuos permanecían bajo custodia por motivos políticos. Desde el inicio de un esfuerzo de liberación más amplio el 8 de enero de 2026, el Foro Penal ha verificado 448 excarcelaciones.

El Foro Penal ha manifestado una postura de "optimismo, pero con cautela", recordando que la Constitución venezolana prohíbe la amnistía para crímenes de lesa humanidad y que la aplicación efectiva de la ley depende del sistema de justicia actual. Las reacciones de la oposición han sido polarizadas en medio de la transición post-Maduro. La legisladora opositora Nora Bracho calificó la ley como un "gran paso adelante para la reconciliación de Venezuela", a pesar de señalar imperfecciones en el texto. En contraste, Pedro Urruchurtu, director de relaciones internacionales de María Corina Machado, desestimó la medida como "una ley inválida e ilegítima, pero también una trampa para ganar tiempo y revictimizar a los perseguidos".

Un punto central de controversia radica en las omisiones de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada en segunda discusión el 19 de febrero de 2026. El articulado no detalla aspectos fundamentales como el retorno de activos confiscados, la anulación de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, ni la cancelación de sanciones mediáticas. Organizaciones como la Plataforma Unitaria Democrática han exigido una libertad plena e incondicional y el retorno de exiliados, apuntando que el borrador inicial limitaba la cobertura a diez hechos puntuales entre 1999 y 2026. Este realineamiento geopolítico, posterior a la incursión del 3 de enero que resultó en la captura de Maduro, sugiere que la amnistía constituye un elemento clave en las negociaciones entre el gobierno interino y Washington, mientras el chavismo busca proyectar continuidad institucional.