Italia revoluciona su mercado eléctrico: una reforma estratégica para abaratar los costes energéticos nacionales

Italia ha decidido posicionarse firmemente contra los elevados costes derivados de la energía "verde" impulsada por la Unión Europea. La Primera Ministra, Giorgia Meloni, ha puesto en marcha una ambiciosa reforma legislativa diseñada para blindar tanto a las familias como al tejido empresarial frente al impacto de los impuestos al carbono, factores que han disparado las facturas de electricidad en todo el territorio nacional en los últimos años.

Bajo el marco regulatorio actual, las centrales eléctricas que operan con gas están obligadas a pagar por sus emisiones de CO₂ a través del sistema ETS de la UE. Históricamente, estos costes se han trasladado de forma íntegra al consumidor final, lo que ha provocado que Italia registre precios de electricidad entre los más altos de Europa, alcanzando una cifra de 112,88 €/MWh el pasado 18 de febrero. El nuevo decreto busca romper este ciclo mediante un mecanismo de compensación para estas plantas.

La importancia de esta medida es crítica, dado que las centrales de gas representan el 42% de la matriz energética de Italia. La reforma está diseñada para compensar los costes operativos de estas instalaciones, lo que permitirá una reducción generalizada de los precios mayoristas para todos los sectores, desde los grandes complejos industriales hasta los hogares particulares, con una implementación plena proyectada para el año 2027.

En cuanto al apoyo directo a la población y la economía, el gobierno ha estructurado un plan de asistencia financiera de gran alcance que incluye las siguientes disposiciones:

• La entrega de un bono único de 90 euros destinado a las familias en situación de vulnerabilidad.
• Un paquete de ayudas de 3.000 millones de euros financiado con los ingresos del sistema ETS, repartido en 1.600 millones para hogares y 1.400 millones para empresas.
• La creación de garantías estatales por valor de 250 millones de euros para respaldar contratos de energía asequible a largo plazo.

La reacción de los mercados ante este anuncio ha sido inmediata y contundente. Durante el mes de febrero, los precios de la energía para los contratos a un año vista experimentaron una caída del 15%, lo que refleja una renovada confianza en la viabilidad económica del país. Esta tendencia es vital para sectores electrointensivos como la siderurgia, donde la asociación Federacciai ha denunciado repetidamente la pérdida de competitividad frente a otros mercados internacionales.

En el ámbito diplomático, Meloni mantuvo una reunión estratégica con el canciller Merz el pasado 12 de febrero. Durante el encuentro, la mandataria italiana exigió una revisión profunda del sistema de precios marginales de la Unión Europea, argumentando que la crisis energética de 2022 demostró la fragilidad del modelo actual. Si bien empresas energéticas de la talla de Enel, Edison y ERG podrían ver reducidos sus beneficios extraordinarios, el ejecutivo prioriza el alivio de la industria nacional para fomentar el crecimiento.

Finalmente, la reforma enfrenta ciertos desafíos regulatorios, ya que existe la posibilidad de que la Comisión Europea intente bloquear estas medidas bajo la premisa de que constituyen subsidios estatales. No obstante, el gobierno italiano confía en su aprobación, citando precedentes de esquemas similares validados anteriormente por Bruselas. El objetivo final es equilibrar la transición ecológica con la competitividad, alineando los precios con el índice TTF y reduciendo la dependencia de las importaciones de gas, una visión que ha sido aplaudida por los industriales pero que genera cierta inquietud en el sector energético tradicional por la posible desestabilización del mercado.