Ofcom asume el control regulatorio de los gigantes del streaming en el Reino Unido tras la aprobación de la Ley de Medios 2024

El Gobierno del Reino Unido ha dado un paso decisivo en la modernización de su marco legislativo audiovisual al introducir medidas regulatorias que colocan a las grandes plataformas de vídeo bajo demanda (VoD), como Netflix, Amazon Prime Video y Disney+, bajo la supervisión directa de Ofcom. Esta transición, amparada por la reciente Ley de Medios 2024, responde a una transformación sin precedentes en los hábitos de consumo de la población británica. Según los datos más recientes, el uso mensual de estos servicios de transmisión ha escalado hasta alcanzar al 85% de los adultos en el Reino Unido, superando de manera notable el 67% de audiencia que mantiene la televisión lineal o en directo tradicional.

Bajo las nuevas directrices, se han definido los denominados 'Servicios de Nivel 1', que engloban a todas aquellas plataformas que superen los 500.000 usuarios dentro del territorio nacional. Esta clasificación no solo afecta a los gigantes tecnológicos internacionales, sino que también integra a servicios vinculados a emisoras locales como ITVX y Channel 4. A partir de la implementación de esta ley, estas plataformas estarán obligadas a cumplir con un código de estándares riguroso, equiparable al que ya rige para los medios de comunicación tradicionales. Este marco normativo pone especial énfasis en la imparcialidad de las noticias, la veracidad de la información difundida y la protección efectiva de los espectadores frente a materiales que puedan resultar ofensivos o nocivos. Hasta la fecha, plataformas como Netflix, cuya sede operativa se encuentra en Ámsterdam, operaban sin estar sujetas al mismo rigor regulatorio que los canales de televisión con licencia británica.

La ampliación de las facultades de Ofcom permitirá al organismo actuar con mayor firmeza ante las reclamaciones de los ciudadanos sobre el contenido alojado en estas plataformas digitales. En los casos donde se demuestre un incumplimiento de los códigos establecidos, el regulador tendrá la potestad de imponer sanciones económicas de gran calado. Estas multas podrían ascender hasta las 250.000 libras esterlinas por cada infracción detectada o, en su defecto, representar el 5% de la facturación anual obtenida por la empresa en el mercado del Reino Unido. Lisa Nandy, Secretaria de Cultura, ha manifestado que estas reformas son esenciales para garantizar una protección robusta de la audiencia y establecer un terreno de juego equilibrado entre los servicios digitales y las emisoras convencionales que han sostenido la industria durante décadas.

Otro de los ejes fundamentales de esta reforma es la imposición de criterios estrictos de accesibilidad para asegurar la inclusión de todos los sectores de la sociedad. El nuevo código de accesibilidad para servicios de vídeo bajo demanda estipula que el 80% del catálogo de contenidos deberá disponer de subtítulos, mientras que un 10% tendrá que incluir audiodescripción y un 5% deberá contar con interpretación en lengua de signos. Se estima que este avance beneficiará directamente a unos 18 millones de personas con problemas de audición y a 350.000 ciudadanos con discapacidad visual en el país. Aunque las normas relativas al contenido entrarán en vigor de manera prioritaria, las empresas del sector dispondrán de un margen de cuatro años para alcanzar la plena conformidad con las cuotas de accesibilidad, con una revisión de objetivos intermedios programada para dentro de dos años.

Finalmente, se espera que Ofcom inicie próximamente una serie de consultas públicas destinadas a perfeccionar y consolidar tanto el código de estándares editoriales como el de accesibilidad técnica. Este giro en la política mediática refleja la realidad de que el streaming ya no es un servicio complementario, sino un componente esencial del ecosistema cultural del Reino Unido. La actualización de la estructura regulatoria busca, por tanto, alinearse con las pautas de consumo actuales, garantizando que la innovación tecnológica avance de la mano con la responsabilidad pública y la seguridad del consumidor en el entorno digital contemporáneo.