Senado Argentino Ratifica Ley de Modernización Laboral de Milei

El Senado de la Nación Argentina ratificó la Ley de Modernización Laboral impulsada por el presidente Javier Milei en una sesión celebrada el viernes 27 de febrero de 2026 en Buenos Aires. La votación definitiva arrojó 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, consolidando el apoyo legislativo necesario para transformar el marco de las relaciones de trabajo en el país. Esta sanción convierte el proyecto, ya modificado por la Cámara de Diputados, en ley, con la intención del Gobierno de promulgarla antes del 1 de marzo de 2026, coincidiendo con la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso.

La legislación implementada altera sustancialmente el Código Laboral argentino, vigente desde hace medio siglo, con el objetivo declarado de reducir costos y estimular la inversión. Entre las modificaciones centrales se encuentra la flexibilización de las normas de contratación y la reconfiguración del sistema vacacional, permitiendo mayor fraccionamiento mediante acuerdos individuales o colectivos. Un punto de alta controversia es la implementación de un sistema de banco de horas de carácter voluntario, que podría extender la jornada laboral estándar de ocho a doce horas diarias, compensando el tiempo con descanso en lugar del pago de horas extras.

La reforma introduce cambios en el cálculo de las indemnizaciones por despido sin causa, limitando la base de cálculo a la remuneración mensual normal y habitual, excluyendo conceptos como el aguinaldo o las vacaciones, y proponiendo una actualización ligada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual. Adicionalmente, se establece el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con contribuciones mensuales de los empleadores, donde las grandes empresas aportarían el 1% de las remuneraciones y las MiPyMEs el 2,5%, una medida que la oposición, representada por la Confederación General del Trabajo (CGT), considera un incentivo al despido.

El proceso legislativo enfrentó una fuerte resistencia social y sindical, con protestas previas frente al Congreso. La CGT anticipa acciones judiciales para impugnar la normativa por inconstitucionalidad, argumentando que desmantela protecciones laborales consolidadas. La ley también fija porcentajes mínimos de operatividad en servicios esenciales para limitar el derecho de huelga. Sin embargo, se logró la eliminación de un artículo que hubiera reducido a la mitad los salarios de trabajadores en licencia por enfermedad o accidente, un punto que generó profunda división política.

El Gobierno justifica las medidas en el contexto de estabilización económica, señalando que la inflación de enero de 2026 fue del 2,9%, con una variación interanual del 32,4%, y que se ha estabilizado el tipo de cambio, recibiendo aval del Fondo Monetario Internacional (FMI). No obstante, el sector sindical sostiene que la ley facilita el despido en lugar de fomentar la creación genuina de empleo. La reforma amplía el período de prueba laboral hasta seis meses para la mayoría de los sectores, y hasta ocho meses en empresas con hasta cinco empleados, permitiendo la desvinculación sin indemnización durante ese lapso, aunque exige el registro formal desde el inicio. La formalización laboral sigue siendo un desafío, dado que más del 43% de la fuerza laboral opera en la informalidad.