España aprueba una regularización extraordinaria para 500.000 inmigrantes mediante un decreto histórico

El martes 27 de enero de 2026 quedará marcado en el calendario legislativo de España tras la aprobación, por parte del Gobierno, de un decreto extraordinario destinado a regularizar la situación de aproximadamente 500.000 inmigrantes que residen en el país de forma irregular. Esta medida, que ha evitado el dilatado trámite parlamentario habitual para agilizar su implementación, fue calificada por Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como un «día histórico». Según la ministra, este paso es fundamental para garantizar el reconocimiento y la dignidad de miles de personas que ya forman parte activa del tejido social español.

Presentado oficialmente en Barcelona, este decreto se fundamenta en un modelo migratorio que prioriza los derechos humanos y la integración efectiva. La iniciativa encuentra su origen en una Iniciativa Legislativa Popular que logró reunir 700.000 firmas, aunque su avance por las vías parlamentarias convencionales se consideraba incierto. Para acceder a este proceso de regularización, los solicitantes deben haber llegado a territorio español antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar una estancia mínima de cinco meses, o bien haber solicitado previamente protección internacional. Es importante destacar que quedan excluidas de este programa todas aquellas personas que posean antecedentes penales.

El nuevo marco legal otorga un permiso de residencia temporal de un año, el cual incluye el derecho a trabajar en cualquier sector de la economía nacional. Esta flexibilidad laboral es vista por Elma Saiz como un pilar esencial para la sostenibilidad del Estado de bienestar, señalando que España requiere la incorporación de entre 250.000 y 300.000 trabajadores extranjeros cada año. Además, el decreto pone un énfasis especial en la protección de la infancia: los menores de edad que ya se encuentran en el país recibirán permisos de residencia con una vigencia de cinco años. Las proyecciones oficiales sugieren que el alcance total de estas medidas podría beneficiar a cerca de 800.000 personas en total.

El cronograma establecido por el Ejecutivo prevé que la recepción de solicitudes comience en abril de 2026, con el compromiso firme de concluir la tramitación de todos los expedientes antes del 30 de junio de 2026. Para garantizar la eficiencia, se ha fijado un plazo máximo de 15 días para la adopción de decisiones iniciales y un periodo de tres meses para la resolución definitiva de cada caso. Este proceso de regularización masiva evoca el precedente sentado en el año 2005 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, una campaña que en su momento permitió legalizar la situación de más de 565.000 ciudadanos extranjeros.

Como era de esperar, la decisión ha generado una profunda división en el espectro político español. Irene Montero, secretaria general de Podemos, ha celebrado la medida como un acto de justicia para quienes ya conviven en el país. Por el contrario, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado duramente al presidente Pedro Sánchez, sugiriendo que el decreto es una maniobra de distracción frente a los recientes y trágicos accidentes ferroviarios. Desde Vox, Santiago Abascal ha empleado un tono más severo, describiendo la iniciativa como una «aceleración de la invasión». Este movimiento estratégico del 27 de enero de 2026 subraya la intención del Gobierno de modernizar el sistema migratorio ante el horizonte electoral de 2027.