La madrugada del sábado 3 de enero de 2026 se convirtió en un punto de inflexión para América Latina tras una operación militar a gran escala ejecutada por Estados Unidos, que resultó en la detención y extracción del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. El presidente Donald Trump confirmó la misión, denominada 'Operación Southern Spear', a través de su plataforma Truth Social, anunciando que los detenidos serían trasladados para enfrentar cargos federales por narcoterrorismo en el Distrito Sur de Nueva York, acusaciones que Maduro ha rechazado consistentemente.
La acción militar se inició aproximadamente a las 2:00 a.m. VET, con reportes de aeronaves de bajo vuelo y detonaciones en varios estados venezolanos, incluyendo Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira, afectando instalaciones como Fuerte Tiuna y la Base Aérea La Carlota. En respuesta inmediata, la Vicepresidenta Delcy Rodríguez declaró un estado de emergencia nacional, calificando el suceso como una agresión imperialista y una violación de la Carta de las Naciones Unidas, mientras exigía una prueba de vida ante el desconocimiento del paradero de los detenidos por parte del gobierno venezolano. Este evento se enmarca en una escalada de meses, que incluyó ataques marítimos a embarcaciones sospechosas de narcotráfico desde agosto de 2025 y la interceptación de tanqueros petroleros en diciembre de 2025.
El acontecimiento ha provocado una profunda polarización en la comunidad internacional y una fractura diplomática en el hemisferio. Líderes como el presidente argentino Javier Milei expresaron su respaldo a la captura como un avance para la restauración democrática. Por otro lado, gobiernos vecinos, incluido el de Colombia bajo el mandato de Gustavo Petro, condenaron la acción como un asalto a la soberanía venezolana y latinoamericana. Colombia, que comparte una frontera de 2.219 kilómetros con Venezuela, activó planes de alerta fronteriza para gestionar una potencial crisis migratoria y humanitaria, considerando que ya acoge a cerca de 3 millones de refugiados venezolanos.
Otras potencias regionales manifestaron su rechazo. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva calificó los bombardeos y la captura como una "línea inaceptable" que establece un precedente peligroso para el Sur Global, buscando una posición de mediación. México, liderado por Claudia Sheinbaum Pardo, se apegó a la Doctrina Estrada, condenando el uso de la fuerza y solicitando la intervención multilateral de la ONU. Rusia e Irán también emitieron condenas severas, catalogando el suceso como un acto de agresión armada. Dentro de Estados Unidos, la acción generó cuestionamientos constitucionales por parte de legisladores demócratas como el Senador Andy Kim y el Representante Jim McGovern, ante la ausencia de una declaración formal de guerra. Europa, a través de la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, instó a la moderación tras conversaciones con el Secretario de Estado Marco Rubio.
Analistas comparan la operación con la invasión estadounidense de Panamá en 1989 para capturar a Manuel Noriega, marcando la intervención militar directa más audaz en la región en décadas. Expertos señalan que, si bien se reconoce el historial de abusos de Maduro, la acción prioriza la proyección de poder unilateral sobre el multilateralismo, evocando intervenciones históricas en Chile en 1973 o Argentina en 1976. El futuro de la transición de poder en Venezuela y la seguridad regional son ahora las interrogantes centrales tras la extracción del líder que asumió el cargo en 2013, sucediendo a Hugo Chávez.
