CIJ Inicia Audiencias de Fondo sobre Acusación de Genocidio de Gambia contra Myanmar

El 12 de enero de 2026, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Países Bajos, comenzó las audiencias públicas sobre el fondo de la acusación de genocidio presentada por la República de Gambia contra la República de la Unión de Myanmar. Este procedimiento judicial, programado para extenderse durante tres semanas hasta el 29 de enero de 2026, marca un hito significativo, siendo la primera vez en más de una década que la CIJ aborda las audiencias de mérito en un caso de esta envergadura.

El centro de la controversia jurídica es determinar si las acciones de Myanmar contra la minoría étnica rohinyá en 2017 contravienen las estipulaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Gambia interpuso formalmente la acción legal en noviembre de 2019, alegando que la campaña militar de 2017 en el estado de Rajine, descrita como una operación de limpieza, incluyó masacres, violencia sexual generalizada y la destrucción sistemática de viviendas. Esta ofensiva, iniciada en agosto de 2017, resultó en el desplazamiento forzoso de más de 700.000 miembros de la comunidad rohinyá hacia Bangladesh, sumándose a movimientos migratorios previos.

A pesar de que Myanmar, bajo el liderazgo de Aung San Suu Kyi en 2019, negó las imputaciones calificándolas como enfrentamientos con grupos insurgentes, la CIJ ya había establecido su jurisdicción en julio de 2022 tras desestimar las objeciones preliminares de la nación acusada. El avance a la fase de mérito subraya la seriedad con la que el tribunal evalúa las alegaciones, especialmente después de que la Corte ordenara medidas provisionales en enero de 2020, exigiendo a Myanmar detener cualquier acto genocida y preservar la evidencia. Dichas medidas provisionales buscaban salvaguardar a los aproximadamente 1.2 millones de rohinyás que permanecen en condiciones difíciles dentro del territorio de Myanmar.

La relevancia del caso se ve acentuada por los informes continuos de graves violaciones contra los rohinyás restantes, lo que sugiere un incumplimiento de las órdenes previas de la Corte. La representación legal de Gambia ha insistido en la necesidad de la intervención judicial internacional, argumentando que sin la CIJ, la junta militar actual carecería de contrapesos a su persecución de los rohinyás. La Convención de 1948, concebida tras el Holocausto, impone a los 153 Estados parte la obligación de prevenir y sancionar el genocidio, un deber considerado de carácter erga omnes.

El contexto legal se complejiza con procedimientos paralelos en otras jurisdicciones; el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó una orden de arresto contra el General en Jefe Min Aung Hlaing en 2024, y un tribunal argentino emitió una orden similar en febrero de 2025. Analistas señalan que un fallo de la CIJ favorable a Gambia, si bien no posee un mecanismo de ejecución directo, generaría una presión política sustancial sobre el régimen birmano. La situación humanitaria en Rajine se mantiene crítica, con reportes de 2025 detallando trabajos forzados y restricciones severas a la libertad de movimiento para las comunidades rohinyá que no migraron a Bangladesh.