La Unión Europea endurece sanciones contra Irán y debate la designación del CGRI como grupo terrorista

El 29 de enero de 2026, la Unión Europea formalizó un contundente paquete de medidas restrictivas contra diversas entidades y funcionarios iraníes. Esta resolución surge como una respuesta directa ante el recrudecimiento de la violencia interna en el país persa. En un movimiento histórico, el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE determinó clasificar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el brazo militar y político más influyente de Irán, como una organización terrorista.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, utilizó sus redes sociales para enfatizar la postura del bloque, declarando que las acciones represivas no pueden quedar impunes. Según Kallas, cualquier régimen que recurra al asesinato de miles de sus propios ciudadanos está acelerando su propio colapso. Esta declaración subraya la gravedad con la que Bruselas observa la situación actual en territorio iraní y la determinación de no dejar estos actos sin consecuencias.

Las sanciones aprobadas contemplan la congelación de activos financieros, la prohibición de suministrar recursos económicos y restricciones de visado para aproximadamente 30 personas físicas y jurídicas. Se alega que estos actores han tenido una participación directa en la supresión de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron a finales de diciembre de 2025, marcando un punto de inflexión en la crisis social y política que atraviesa la nación.

En el ámbito diplomático, Francia, bajo la dirección de Jean-Noël Barrot, se ha alineado con España e Italia para respaldar la designación del CGRI como grupo terrorista. Esta medida conlleva consecuencias legales severas, incluyendo el procesamiento penal por cualquier tipo de colaboración y la prohibición total de entrada al territorio europeo para sus miembros. A pesar de la tensión, Kallas mencionó que se intentarán mantener abiertos los canales diplomáticos con Teherán, aunque el riesgo de una ruptura total de las comunicaciones es inminente.

La inestabilidad política se desarrolla en un contexto de profunda crisis económica que ha asfixiado a la población. Las protestas se originaron originalmente el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, motivadas por el desplome de la moneda nacional. Durante el último año, el dólar estadounidense se ha encarecido un 80%, mientras que la inflación oficial ha superado el 40%. Este escenario ha provocado que los precios de los alimentos básicos sufran incrementos alarmantes de entre el 70% y el 110%, exacerbando el descontento social.

La magnitud real de la represión es difícil de precisar debido al bloqueo informativo y la censura de internet impuesta por las autoridades desde el 8 de enero de 2026. Mientras que la organización HRANA estimaba a mediados de enero unos 3,919 fallecidos y 24,700 detenidos, otros informes son mucho más sombríos. La revista británica Time, citando fuentes del Ministerio de Salud, sugiere que las víctimas podrían contarse por miles, con estimaciones que alcanzan entre 30,000 y 36,500 muertos durante los días críticos del 8 y 9 de enero de 2026. Por su parte, el gobierno iraní reconoció 3,117 decesos hasta el 21 de enero. Como medida adicional, la UE ha restringido la exportación de tecnologías vinculadas a misiles y drones.

La escalada diplomática ha elevado la tensión en todo el Medio Oriente a niveles preocupantes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el tiempo para alcanzar un acuerdo con Irán se está agotando, reforzando la presencia militar con el despliegue del grupo de combate del portaaviones USS Abraham Lincoln en la región. Mientras el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, calificaba al régimen de Teherán como un Unrechtsregime o régimen de injusticia, las autoridades iraníes respondieron con amenazas de consecuencias devastadoras para la estabilidad internacional en caso de que las presiones continúen.