Un juez federal frena el polémico proyecto de Donald Trump para construir un salón de baile de 400 millones de dólares en la Casa Blanca

El 31 de marzo de 2026, el juez de distrito Richard Leon emitió una orden judicial preliminar que detiene temporalmente los planes de la administración Trump para edificar un fastuoso salón de baile. Esta estructura, valorada en 400 millones de dólares, se proyectaba dentro de los terrenos de la Casa Blanca. La decisión judicial surge tras una demanda interpuesta por el Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica, una entidad sin fines de lucro con mandato del Congreso de los Estados Unidos para salvaguardar el patrimonio histórico del país.

Los demandantes sostuvieron con firmeza que el presidente sobrepasó sus facultades constitucionales al iniciar la demolición del histórico Ala Este en octubre de 2025, sin haber obtenido previamente el consentimiento explícito del poder legislativo. El juez Leon, quien fue designado en su cargo por el expresidente George W. Bush, dictaminó que el mandatario actúa como un custodio temporal y no como el propietario absoluto de la Casa Blanca, careciendo por tanto del derecho legal para implementar cambios unilaterales de tal magnitud. El ambicioso proyecto contemplaba una superficie de 90,000 pies cuadrados y requería el desmantelamiento total del Ala Este, espacio que albergaba la oficina de la Primera Dama y diversas dependencias administrativas.

Por su parte, la administración Trump defendió la obra argumentando que se trataba de una iniciativa privada esencial para la modernización de los sistemas de seguridad de la residencia presidencial. No obstante, el Fideicomiso Nacional denunció la ausencia de revisiones legales obligatorias, tales como evaluaciones de impacto ambiental y la aprobación formal del Congreso. Aunque el juez Leon había rechazado una solicitud de medida cautelar el pasado 26 de febrero, en esta ocasión accedió a la suspensión temporal de los trabajos, otorgando al gobierno un plazo de catorce días para presentar una apelación. El fallo advierte que cualquier construcción sobre el nivel del suelo que se realice durante este periodo y que no cumpla con la orden, podría ser demolida dependiendo del resultado del proceso de apelación, exceptuando únicamente las labores críticas para la seguridad inmediata del complejo.

Esta intervención judicial marca un precedente significativo sobre los límites del poder ejecutivo en la alteración de propiedades federales con valor histórico. El presidente Trump ha criticado públicamente al Fideicomiso Nacional, asegurando que el proyecto no utiliza fondos de los contribuyentes, ya que la financiación proviene de donantes privados. Originalmente, el costo se estimó entre 200 y 300 millones de dólares, pero para diciembre de 2025 la cifra escaló hasta los 400 millones. Según informes de noviembre, entre los donantes corporativos que aportaron más de 350 millones de dólares se encuentran empresas de tecnología, criptomonedas y defensa, de las cuales dos tercios han sido beneficiarias de contratos gubernamentales por un valor superior a los 275,000 millones de dólares.

El Ala Este, construida originalmente en 1902 y ampliada en 1942 bajo el mandato de Franklin D. Roosevelt, posee una importancia histórica incalculable, albergando incluso el Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial, lugar desde donde fue evacuado el vicepresidente Cheney el 11 de septiembre de 2001. En el proceso judicial, los intereses del Fideicomiso Nacional fueron representados por Greg Craig, exabogado de las administraciones de Clinton y Obama. Carol Quillen, presidenta de la organización, manifestó su satisfacción ante el reconocimiento del juez Leon sobre la legitimidad del Fideicomiso para litigar. Esta disputa legal pone de relieve las tensiones sobre la autoridad presidencial frente al patrimonio histórico, desafiando la postura del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que defendía el proyecto como una modernización necesaria.