EE. UU. suspende la emisión de visas de inmigrante para 75 naciones ante la revisión de las normas de «carga pública»

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha implementado una moratoria temporal en la concesión de nuevas visas de inmigrante para ciudadanos de 75 naciones, incluyendo a Brasil, con efecto a partir del miércoles 21 de enero de 2026. Esta determinación, que fue anunciada oficialmente el 14 de enero de 2026, forma parte de un endurecimiento integral de la política migratoria. El objetivo central es limitar las vías legales de entrada al país mientras se realiza una reevaluación profunda de los criterios que definen la figura de la «carga pública» (public charge).

Dicha suspensión afecta exclusivamente a las categorías de visas de inmigrante diseñadas para obtener el estatus de residente permanente o para desempeñar labores de larga duración. La administración actual fundamenta esta medida en una directiva del presidente Donald Trump, la cual exige que los inmigrantes demuestren ser financieramente autosuficientes para no representar una carga económica para los ciudadanos estadounidenses. Esta política establece la presunción de que los nacionales de los países listados podrían agotar los recursos del Estado, de acuerdo con lo estipulado en la sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

A pesar de la restricción, el proceso administrativo para estas visas, que incluye la presentación de solicitudes y la realización de entrevistas en consulados y embajadas, permanece activo para los ciudadanos de los países afectados; sin embargo, la emisión física de los documentos queda suspendida hasta que se revoque el mandato. Es importante destacar que esta limitación no se extiende a las visas de no inmigrante, tales como las de turismo (B1/B2), negocios (B1), estudios (F1/M1) y programas de intercambio (J1), las cuales continúan tramitándose de manera habitual. Asimismo, las personas que ya cuentan con una visa de inmigrante válida mantienen su derecho de entrada, sujeto a la inspección del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el puerto de ingreso. Se han previsto excepciones adicionales para individuos con doble nacionalidad, siempre que utilicen un pasaporte vigente de un país que no figure en la lista de los 75.

Un análisis detallado por parte de la National Foundation for American Policy (NFAP) sugiere que, como consecuencia de las políticas de la administración Trump, el volumen total de inmigrantes legales podría reducirse entre un 33% y un 50% en un periodo de cuatro años, lo que equivale a una cifra de entre 1,5 y 2,4 millones de personas. Diversos críticos han señalado que, durante el año anterior, casi la mitad de todas las tarjetas de residencia otorgadas por vínculos familiares o empleo fueron concedidas a ciudadanos de las naciones ahora suspendidas, sin que se presentaran datos que justificaran las acusaciones de «carga pública». Existe una preocupación creciente de que estas nuevas normativas deriven en decisiones subjetivas, dado que el personal consular y los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) no poseen una formación experta para predecir la autosuficiencia financiera futura de los solicitantes.

En un contexto paralelo a las transformaciones migratorias, el 21 de enero de 2026 en Brasil, el presidente Lula firmó una Medida Provisional (MP) que modifica el cálculo del salario mínimo para los docentes. Este cambio eleva el piso salarial nacional para los profesionales de la educación básica de R$ 4.867,77 a R$ 5.130,63, lo que representa un incremento del 5,4%. Este ajuste supera la inflación del INPC de 2025 (3,9%), otorgando una ganancia real del 1,5%. Cabe recordar que el salario mínimo general en Brasil, que entró en vigor el 1 de enero de 2026 situándose en R$ 1.621, fue descrito previamente por el presidente Lula como un monto «muy bajo».