La administración Trump suspende la Ley Jones y flexibiliza sanciones al crudo venezolano ante la escalada de precios

El 18 de marzo de 2026, el gobierno del presidente Donald Trump implementó una serie de disposiciones de emergencia en el ámbito energético de los Estados Unidos. Esta decisión surge como respuesta inmediata al incremento vertiginoso en los precios globales del petróleo, donde el crudo Brent superó la barrera de los 100 dólares, aproximándose a los 120 dólares por barril, alcanzando niveles no vistos desde el año 2022. La inestabilidad actual es consecuencia directa de la intensificación de las hostilidades en Oriente Medio, iniciadas el 28 de febrero, cuando las fuerzas de Estados Unidos e Israel emprendieron acciones militares contra Irán, afectando gravemente el tránsito por el Estrecho de Ormuz, punto por donde circula cerca del 20% del suministro mundial de hidrocarburos.

Como parte de las estrategias para estabilizar el mercado interno, se ha decretado una exención temporal de 60 días a la Ley Jones, con vigencia a partir del 18 de marzo de 2026. Esta legislación, que data de 1920, estipula tradicionalmente que el transporte de mercancías entre puertos estadounidenses debe realizarse exclusivamente en embarcaciones con bandera de EE. UU., construidas en territorio nacional y operadas por tripulaciones estadounidenses. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, subrayó que esta medida busca atenuar las interrupciones logísticas a corto plazo, garantizando que recursos esenciales como el petróleo, el gas natural, el carbón y los fertilizantes fluyan sin contratiempos hacia las terminales del país durante los próximos dos meses.

Simultáneamente, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha procedido a una relajación significativa de las sanciones impuestas a la compañía estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Mediante una nueva licencia general, se ha ampliado el margen de maniobra para que las corporaciones estadounidenses participen en actividades clave dentro de la industria venezolana, abarcando desde la extracción y exportación hasta la comercialización, almacenamiento y refinación del crudo. Estas acciones representan una continuación de las políticas adoptadas entre finales de enero y principios de febrero de 2026, tras el cese de funciones de Nicolás Maduro en el poder.

La estrategia de la administración Trump contempla un control riguroso sobre los ingresos derivados de la venta del petróleo venezolano, redirigiendo los fondos a cuentas supervisadas por Estados Unidos para su posterior entrega al gobierno de transición en Venezuela. No obstante, la licencia establece restricciones críticas: se prohíbe cualquier transacción con entidades o individuos vinculados a la Federación Rusa, Irán, Corea del Norte o Cuba, así como con empresas que posean nexos indirectos con la República Popular China. Este esfuerzo coordinado aspira a inyectar oferta adicional al mercado energético global de manera inmediata, revirtiendo parcialmente el aislamiento de PDVSA iniciado en 2019 bajo el objetivo de debilitar al régimen anterior.

A pesar del anuncio sobre la liberación de 400 millones de barriles de las reservas estratégicas de Estados Unidos, el precio del Brent mantuvo su tendencia alcista, registrando un incremento del 6,30% durante la mañana del miércoles. Diversos analistas sugieren que el impacto de la suspensión de la Ley Jones en el precio final de la gasolina podría ser limitado en el corto plazo. Por otro lado, se estima que la producción petrolera en Venezuela, que ha sufrido una caída del 65% desde principios de 2016, podría recuperar sus niveles previos al bloqueo hacia mediados de 2026, siempre que se concrete una inversión masiva de aproximadamente 100.000 millones de dólares.