Giro Estratégico de la Administración Trump: De la Accesibilidad al Auge Económico en Medio de Crisis Sectoriales

Hacia finales de 2025, la administración del Presidente Donald Trump ejecutó un cambio estratégico fundamental en su discurso económico. La prioridad se desplazó desde la gestión inmediata de la asequibilidad de precios hacia la meta más ambiciosa de generar un verdadero «excedente económico». Esta nueva visión, que permeó el debate político y la formulación de políticas hasta principios de 2026, se fundamenta en la creencia de que un crecimiento acelerado, impulsado por ganancias de productividad—especialmente gracias a la revolución de la Inteligencia Artificial (IA)—, incrementaría de manera natural la oferta de bienes y servicios disponibles.

Para materializar esta visión, el gobierno aboga firmemente por desmantelar las barreras regulatorias existentes. Esta postura se alinea perfectamente con el plan general «América: Plan de Acción para la IA», presentado el 23 de julio de 2025, el cual insta a una desregulación amplia para catalizar la innovación en el campo de la IA. La idea central es que la abundancia generada por la tecnología resolverá, por sí misma, los problemas de coste.

No obstante, a pesar de este giro macroeconómico, las contiendas políticas persisten con gran intensidad en torno a mantener la asequibilidad en tres sectores vitales para el consumidor: la sanidad, la vivienda y el suministro eléctrico. En el ámbito sanitario, las discusiones se centran en cómo aumentar la oferta mediante la reducción de los tiempos de formación médica y la ampliación de las competencias de enfermeros y asistentes médicos apoyados por herramientas de IA. Simultáneamente, el Departamento de Justicia (DOJ) enfrenta presiones para endurecer la supervisión de fusiones corporativas. Los grandes empleadores, por su parte, anticipan un incremento en los costes sanitarios para 2025 que oscilará entre el 7% y el 8%.

El problema de la vivienda, calificado como un déficit crónico de oferta, está impulsando esfuerzos federales para fomentar reformas a nivel local. El Senado aprobó recientemente el proyecto de ley bipartidista «ROAD to Housing Act of 2025». Este proyecto, impulsado por los senadores Tim Scott y Elizabeth Warren, es considerado el acto legislativo de vivienda más completo desde la Gran Recesión. Su objetivo es incentivar reformas locales en el uso del suelo, incluyendo disposiciones para agilizar la construcción y reducir los obstáculos regulatorios. Estos estímulos federales hacen eco de cambios ya implementados a nivel estatal, como las modificaciones en las normativas de zonificación de Montana durante 2025, que simplificaron los requisitos de estacionamiento y equipararon las casas prefabricadas a las unidades residenciales convencionales.

El sector energético emerge como otro foco de tensión, ya que el encarecimiento de la electricidad en ciertas jurisdicciones contradice la narrativa general de la administración sobre la reducción de costes energéticos. Un ejemplo claro es Nueva Jersey, donde se proyectaba un aumento de hasta el 20% en las facturas de electricidad a partir de junio de 2025, un fenómeno atribuido a la creciente demanda de los centros de procesamiento de datos de IA. En la Cámara de Representantes, se debaten estrategias opuestas para contener estos aumentos: los republicanos promueven medidas enfocadas en la eficiencia energética, mientras que los demócratas advierten que tales medidas podrían, paradójicamente, elevar las facturas mensuales de los ciudadanos.

El Portavoz de la Cámara, Mike Johnson, ya había señalado con anterioridad que implementar la «agenda de asequibilidad» resultaría «sumamente complejo» y requeriría tiempo, esperando ver efectos tangibles de los recortes de impuestos no antes de inicios de 2026. Esto subraya la brecha entre la estrategia de abundancia y las necesidades inmediatas de los consumidores. Mientras tanto, debates políticos como la discusión en la Cámara el 21 de noviembre de 2025 sobre la «crisis de asequibilidad» confirman que el coste de la vida sigue siendo un factor político dominante.

En resumen, la estrategia económica enfocada en la abundancia, impulsada por la desregulación y la IA, se enfrenta al imperativo de resolver con celeridad los problemas estructurales de accesibilidad. Mientras la administración Trump persigue el liderazgo en IA mediante un plan agresivo que minimiza la regulación, voces críticas, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), alertan sobre el riesgo latente de desatender los derechos fundamentales de los ciudadanos en esta carrera tecnológica.