La Fiscal General de los Estados Unidos declara la divulgación total de los archivos de Epstein pese a las persistentes críticas

La Fiscal General Pam Bondi comunicó oficialmente el 14 de febrero de 2026 la divulgación de la totalidad de los archivos vinculados al caso de Jeffrey Epstein. Esta medida se presenta como el cumplimiento definitivo de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA). El anuncio surge tras una entrega previa de documentos realizada el 30 de enero de 2026, aunque diversos sectores del Comité Judicial de la Cámara de Representantes han manifestado sus dudas. Según estos críticos, una parte sustancial de la información todavía permanece bajo sello o ha sido objeto de ediciones que impiden su total comprensión pública.

La normativa EFTA, que recibió la firma del presidente Donald Trump el 19 de noviembre de 2025, impuso al Departamento de Justicia la obligación de hacer públicos todos los registros no clasificados sobre los procesos judiciales de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. En una misiva dirigida a los líderes del Comité Judicial, Bondi detalló la entrega de expedientes que profundizan en las redes de tráfico y las estructuras financieras de Epstein. Entre los documentos destaca un listado con más de 300 nombres de figuras públicas, incluyendo a Donald Trump, Barack y Michelle Obama, el príncipe Harry y Bill Gates. Es importante notar que las menciones varían desde contactos directos hasta simples referencias en artículos de prensa. Bondi defendió que no se ocultó información por motivos políticos, justificando las tachaduras únicamente por razones de seguridad en investigaciones policiales.

El camino legislativo hacia esta transparencia comenzó en septiembre de 2025, cuando el congresista Thomas Massie impulsó una petición de descarga que alcanzó las 218 firmas necesarias. El apoyo fue abrumador, con una votación de 427 a 1 en la Cámara de Representantes y una aprobación unánime en el Senado. Aunque el Departamento de Justicia reportó haber cumplido con la entrega de 3,5 millones de páginas el 30 de enero de 2026, se estima que el archivo completo supera los 6 millones de folios. Para procesar este volumen masivo de datos, se requirió la intervención de más de 500 abogados y revisores especializados, cuya tarea principal fue proteger la identidad de las víctimas mediante una edición minuciosa de los textos.

A pesar de los esfuerzos institucionales, la gestión de Bondi ha enfrentado duras críticas. Algunos detractores han calificado el proceso de implementación como un fracaso absoluto, señalando que el volumen de información omitida es inaceptable. El congresista Massie denunció que el Departamento de Justicia utilizó figuras legales como el privilegio del proceso deliberativo, la doctrina de producto de trabajo y el secreto profesional entre abogado y cliente para restringir el acceso a ciertos registros clave. Esta opacidad ha generado un clima de desconfianza sobre el alcance real de las revelaciones contenidas en los archivos desclasificados.

Hasta el 15 de febrero de 2026, las consecuencias legales directas se han limitado a las figuras de Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein y Jean-Luc Brunel, este último fallecido en una prisión de París en febrero de 2022. Mientras que en Europa se han iniciado diversas investigaciones basadas en los nuevos datos, la respuesta en Estados Unidos ha sido notablemente más cautelosa respecto a las élites involucradas. No obstante, el impacto internacional es innegable, como lo demuestra la renuncia forzada de Jack Lang, exministro francés, a su cargo al frente del Instituto del Mundo Árabe tras la aparición de su nombre en los expedientes.