Venezuela Amenaza con Revocar Permisos a Aerolíneas que No Reanuden Vuelos Inmediatamente

El Ministerio de Transporte de Venezuela emitió un ultimátum contundente el martes 25 de noviembre de 2025, dirigido a las aerolíneas internacionales que han suspendido sus operaciones dentro del país. La exigencia central es clara: la reactivación inmediata de todos los servicios aéreos. De no acatar esta orden, el gobierno en Caracas advirtió que las autorizaciones vigentes para operar en el espacio aéreo venezolano serán revocadas de manera definitiva.

El Ejecutivo ha impuesto un plazo sumamente ajustado para el cumplimiento de esta directriz. Las compañías aéreas recibieron menos de 48 horas para responder al requerimiento, estableciendo la fecha límite a las 12:00 horas del miércoles 26 de noviembre de 2025, hora local. Esta medida pone a las operadoras internacionales en una encrucijada crítica entre las demandas regulatorias nacionales y las preocupaciones de seguridad.

Esta oleada de suspensiones de vuelos se originó tras la difusión de una Notificación a los Servicios de Navegación Aérea (NOTAM) por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) el viernes 21 de noviembre de 2025. Dicho aviso alertaba sobre una escalada en la peligrosidad del entorno operativo, citando un incremento en la actividad militar y la detección de interferencias electrónicas significativas dentro de la zona de información de vuelo de Maiquetía (Maiquetía FIR). Como consecuencia directa de esta advertencia, transportistas internacionales fundamentales, entre ellos Iberia, TAP Air Portugal, Avianca, GOL, LATAM, Caribbean Airlines y Turkish Airlines, optaron por cesar o limitar temporalmente sus actividades en la capital venezolana.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) emitió una declaración matizando la situación, explicando que las decisiones de las aerolíneas constituyen primariamente salvaguardas técnicas temporales implementadas para mitigar riesgos inherentes. Paralelamente, las dos aerolíneas nacionales, Conviasa y Estelar, confirmaron su intención de mantener sus itinerarios regulares sin alteración. Para el 25 de noviembre de 2025, la conectividad internacional con Venezuela se había reducido drásticamente, quedando sostenida únicamente por cuatro operadores foráneos: Copa Airlines de Panamá, Wingo de Colombia, Boliviana de Aviación (BoA) de Bolivia y Satena, también de Colombia.

Este enfrentamiento regulatorio se desarrolla en un contexto de creciente tensión geopolítica. El telón de fondo se remonta a agosto de 2025, cuando se desplegó en el Caribe un grupo de ataque de portaaviones de la Marina de los Estados Unidos, liderado por el USS Gerald R. Ford. Un elemento de riesgo adicional fue la designación por parte de la administración estadounidense de una entidad vinculada al Presidente Nicolás Maduro como organización terrorista extranjera. Esto desencadenó operaciones militares del Pentágono, como la denominada “Southern Spear”, dirigidas contra presuntos navíos de narcotráfico desde septiembre de 2025. Caracas interpreta estas maniobras como una cortina de humo para un cambio de régimen, lo que ha provocado una movilización generalizada de las fuerzas armadas venezolanas.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela ha formalizado su requerimiento a todas las empresas que paralizaron sus servicios, incluyendo a las españolas Air Europa y Plus Ultra. Mientras Iberia ha comunicado una suspensión que se extenderá al menos hasta el 1 de diciembre, Turkish Airlines canceló sus vuelos hasta el 28 de noviembre, desviando a sus pasajeros a través de centros de conexión como Bogotá, Panamá o La Habana. La coyuntura actual representa un choque frontal entre las prerrogativas regulatorias soberanas de Venezuela y los estándares internacionales de seguridad aérea, donde el ultimátum gubernamental vincula directamente las pausas operacionales, motivadas por alertas externas, con la potencial pérdida de sus licencias de vuelo.