Estados Unidos asume el control del petróleo venezolano y restringe el suministro a China

El panorama geopolítico energético ha experimentado una transformación radical tras la intervención de los Estados Unidos en el mercado de crudo venezolano. Esta maniobra estratégica alcanzó su punto álgido el 3 de enero de 2026, con la captura de Nicolás Maduro, un evento que permitió a Washington arrogarse el derecho de regular todos los flujos de exportación de la nación sudamericana. Como resultado directo, se ha priorizado el abastecimiento hacia intereses estadounidenses y operadores globales autorizados, eliminando el acceso preferencial que China mantenía sobre el petróleo venezolano, el cual solía adquirirse con descuentos significativos.

Antes de que se intensificaran las sanciones y se produjera el arresto de Maduro, se despacharon los últimos cargamentos con destino a Asia. No obstante, los expertos estiman que este volumen solo cubrirá las necesidades de las refinerías independientes chinas, conocidas como «teteras», por un periodo de uno a dos meses. El flujo futuro está severamente restringido por el bloqueo naval declarado en diciembre y las medidas coercitivas de la administración estadounidense. Esta nueva realidad ya ha impactado los precios: el descuento del crudo Merey frente al referente ICE Brent para los compradores chinos se ha desplomado, pasando de 15 dólares a apenas 5 dólares por barril.

En el centro de esta reconfiguración se encuentran actores de gran peso como las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el gobierno de China y gigantes del comercio de materias primas como Vitol Group y Trafigura Group. Estas corporaciones han obtenido licencias especiales de Washington para la comercialización del crudo, lo que evidencia una gestión centralizada de los nuevos suministros. Resulta relevante destacar el papel de Vitol Group y su operador principal, John Addison, quien ha liderado las transacciones iniciales. Esta situación ha generado debates sobre posibles conflictos de interés debido a sus previas contribuciones políticas, mientras que el primer cargamento gestionado por Vitol ya ha sido entregado en la terminal de Bullen Bay, en Curazao.

Las acciones emprendidas por Washington no solo alteran las cadenas de suministro globales, sino que también ponen en jaque las inversiones multimillonarias que Pekín ha consolidado en el sector energético de Venezuela durante años. China, que durante mucho tiempo operó bajo el esquema de «petróleo por préstamos», se ve ahora obligada a buscar proveedores alternativos de manera urgente. Las proyecciones de los analistas sugieren que, para el segundo trimestre de 2026, las refinerías chinas deberán recurrir a variedades más costosas, como el crudo canadiense o el Urals ruso. Por su parte, Estados Unidos busca asegurar el crudo pesado venezolano para sus refinerías en la costa del Golfo de México, dado que resulta más económico que las opciones provenientes de Canadá.

La respuesta de la comunidad internacional ha sido marcadamente divergente. Mientras Estados Unidos defiende su control sobre el comercio como una medida de estabilidad, China ha denunciado estas acciones como una violación flagrante del derecho internacional. Según informes del Departamento de Energía de EE. UU., los ingresos generados por las ventas iniciales, que se estiman entre 30 y 50 millones de barriles, se depositarán en cuentas bajo supervisión estadounidense. Paralelamente, organizaciones como Amnistía Internacional han manifestado su preocupación, sugiriendo que esta operación podría contravenir los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Este cambio de paradigma en la cuenca del Caribe redefine no solo la economía venezolana, sino también el equilibrio de poder energético en el hemisferio occidental. La transición hacia un mercado regulado por Washington implica que los flujos de crudo pesado, esenciales para la infraestructura de refinación compleja, dejarán de ser una herramienta de diplomacia paralela para convertirse en un activo estratégico bajo vigilancia directa. La rapidez con la que se han implementado estas licencias a grupos como Trafigura sugiere una planificación logística exhaustiva destinada a minimizar la volatilidad en los mercados occidentales mientras se presiona financieramente a los antiguos aliados del gobierno de Maduro.