El martes 6 de enero de 2026, el presidente Donald Trump anunció una intervención directa en el sector petrolero de Venezuela, comunicando la acción a través de su plataforma Truth Social. Este movimiento se produjo inmediatamente después de una operación militar estadounidense, denominada Operación Absolute Resolve, el 3 de enero de 2026, que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.
El núcleo de la acción es que Estados Unidos aseguró el control efectivo sobre un volumen estimado de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano previamente retenidos por las sanciones impuestas por Washington. Esta cantidad equivale aproximadamente a uno o dos meses de la producción actual de Venezuela, que se mantiene por debajo del millón de barriles diarios. La administración Trump, a través del secretario de Energía Chris Wright, ha asumido la supervisión de la transferencia de este petróleo, el cual será transportado directamente a puertos estadounidenses.
El presidente Trump declaró que los ingresos generados por la venta de este crudo, que se comercializará a precio de mercado, estarán bajo su control personal para asegurar que beneficien al pueblo venezolano y a los intereses de Estados Unidos. Este volumen de petróleo estaba destinado, en gran medida, a China, el principal comprador de Venezuela en los últimos años, lo que implica un cambio estratégico en los flujos energéticos globales.
El contexto inmediato incluye la declaración de no culpabilidad de Nicolás Maduro ante cargos federales por narcotráfico el 5 de enero de 2026. La respuesta del gobierno venezolano, ahora liderado por la autoproclamada presidenta interina Delcy Rodríguez, fue de condena inmediata. Rodríguez, quien fue vicepresidenta desde 2018 y asumió la presidencia por orden del Tribunal Supremo de Justicia tras la captura de Maduro, calificó la acción estadounidense como un acto de agresión y un ataque criminal, insistiendo en la legitimidad de Maduro y llamando a la unidad nacional.
La maniobra económica representa una aserción sin precedentes de autoridad financiera por parte del presidente estadounidense sobre activos de una nación soberana, desviando recursos que antes estaban atrapados por el bloqueo comercial. Históricamente, la producción venezolana cayó desde casi 3 millones de barriles diarios hace dos décadas debido a sanciones y mala gestión de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). El crudo insignia de PDVSA, Merey, cotiza aproximadamente 22 dólares por barril por debajo del Brent, situando el valor potencial del petróleo incautado en alrededor de 1.9 mil millones de dólares.
La comunidad internacional reaccionó con preocupación, con las Naciones Unidas expresando una profunda alarma por el socavamiento de un principio fundamental del derecho internacional. Líderes europeos también manifestaron su inquietud ante una acción que algunos analistas consideran un precedente peligroso para el orden internacional. Empresas como Chevron, la única productora estadounidense con licencia operativa bajo las sanciones desde 2022, ya están involucradas en la producción, mientras que otras como ConocoPhillips y ExxonMobil enfrentan un panorama complejo derivado de litigios por expropiaciones de activos ocurridas en 2007.
