Protestas masivas en Irán: Internet cortado, amenaza de pena capital y llamamientos de la oposición

La República Islámica de Irán sigue sumida en una ola de agitación civil de gran magnitud. Estas manifestaciones, que se iniciaron a finales de diciembre de 2025, tienen su raíz en una profunda crisis económica. Dicha crisis se ha manifestado en una drástica devaluación del rial, la moneda nacional, y un aumento de la inflación que alcanzó el 42,2% en diciembre en comparación con el año anterior. Aunque las demandas iniciales se centraban en aspectos económicos, las protestas han escalado, convirtiéndose en un desafío directo al régimen actual, con consignas que incluso apoyan el retorno de la monarquía derrocada.

Frente a esta escalada, las autoridades iraníes han implementado medidas represivas sin precedentes. A partir del 8 de enero de 2026, se decretó un apagón total y prolongado de internet y las comunicaciones telefónicas. La organización NetBlocks reportó que esta acción redujo la actividad de la red a apenas un uno por ciento de sus niveles normales. En paralelo a este bloqueo informativo, el Fiscal General, Mohammadvahidi Azad, emitió una advertencia severa: los manifestantes y sus cómplices enfrentarían cargos de “enemistad contra Dios” (moharebeh), un delito castigado con la pena capital. Se instruyó a los fiscales actuar sin ningún tipo de indulgencia.

El Líder Supremo, el Ayatolá Ali Jamenei, desestimó públicamente la legitimidad de las protestas, calificando a los participantes de “vándalos” y “saboteadores”. Jamenei culpó directamente de la organización de los disturbios a Estados Unidos e Israel. Por su parte, el alcalde de Teherán, Alireza Zakani, confirmó daños materiales significativos, informando sobre el incendio de 26 sucursales bancarias y 25 mezquitas durante el 8 y 9 de enero. También se reportó la presunta muerte del fiscal de Isfahán. Para el 9 de enero, la organización de derechos humanos HRANA había documentado al menos 65 fallecidos, incluyendo 50 manifestantes y 14 miembros de las fuerzas de seguridad, con más de 2.300 personas detenidas. Un médico iraní anónimo, que compartió información con la revista Time, sugirió que el número de víctimas solo en los hospitales de Teherán podría ascender a 217, la mayoría por heridas de bala.

En medio de esta crisis interna, las fuerzas opositoras en el exilio han cobrado mayor protagonismo. El príncipe heredero Reza Pahlavi emitió un mensaje en video instando a una huelga nacional en sectores vitales como el transporte, el petróleo, el gas y la energía. Pahlavi declaró que el objetivo se había desplazado de la mera presencia en las calles a la preparación para la “toma y retención de los centros urbanos”, expresando su disposición a regresar a Irán para liderar la transición hacia la democracia. Sus llamados coincidieron con 116 manifestaciones registradas en 22 provincias a partir del 8 de enero, según datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

La respuesta internacional ha reflejado una profunda preocupación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido previamente sobre su disposición a “golpear fuerte” si se producían muertes de manifestantes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó la violencia, asegurando que los responsables de la represión serían “recordados en el lado equivocado de la historia”. Expertos como el profesor Nader Hashemi de la Universidad de Georgetown señalan que la táctica empleada por las autoridades evidencia un “estado de pánico total”. El 10 de enero, el ejército iraní también anunció su disposición a sumarse a la represión, atribuyendo la responsabilidad a Israel y a “grupos terroristas”. La situación permanece extremadamente volátil, marcada por el declive económico y el profundo descontento social.