La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba la apertura del sector petrolero en un giro histórico hacia la inversión privada y la normalización con EE. UU.

El jueves 15 de enero de 2026, la Asamblea Nacional de Venezuela marcó un punto de inflexión histórico al aprobar, en su primera discusión, una iniciativa legislativa diseñada para la apertura total del sector de la extracción de petróleo al capital privado. Este paso fundamental simboliza un giro radical en la política energética de la nación, la cual había permanecido bajo un estricto y centralizado control estatal durante años, buscando ahora una transición hacia un modelo de mercado más abierto y competitivo.

El proyecto de ley contempla la incorporación de esquemas de producción sumamente flexibles, que ya habían sido testeados bajo el marco de la ley «antibloqueo» del año 2020, integrándolos de manera definitiva en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. El propósito central de esta ambiciosa reforma es proporcionar la seguridad jurídica indispensable para incentivar la llegada de inversiones tanto de origen nacional como internacional. Datos preliminares de contratos sugieren que esta apertura podría atraer un flujo de capital de hasta 32.000 millones de dólares, destinados específicamente al desarrollo de yacimientos vírgenes y a la recuperación de regiones con graves rezagos en su infraestructura.

Esta maniobra legislativa se desarrolla en un contexto de evidente acercamiento diplomático con los Estados Unidos, tras la operación militar de principios de enero de 2026 que culminó con la detención de Nicolás Maduro. La nueva administración transitoria, encabezada por la presidenta interina Delsi Rodríguez —quien prestó juramento el 5 de enero de 2026—, se encuentra gestionando activamente la obtención de financiamiento externo y la regularización de las exportaciones energéticas. Por su parte, el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha ratificado la voluntad de Washington de colaborar con el liderazgo actual, fundamentando este apoyo en las "decisiones acertadas" tomadas respecto al porvenir energético del país.

De forma paralela a estas transformaciones legales, Washington ha confirmado la ejecución de la primera transacción de compra de crudo venezolano bajo el nuevo mandato por un monto de 500 millones de dólares. Esta operación se inserta en un acuerdo energético global de 2.000 millones de dólares pactado previamente en enero, siendo la empresa Vitol la encargada de adquirir el primer cargamento. En un gesto de profundo calado diplomático, el 22 de enero de 2026, Estados Unidos nombró a Laura F. Dogu como nueva encargada de negocios en Venezuela, marcando el inicio del restablecimiento de la presencia diplomática oficial en Caracas, ausente desde el cierre de la embajada en 2019.

A pesar del entusiasmo reinante, las compañías privadas del sector petrolero en Estados Unidos mantienen una actitud de prudente observación. La explotación de las inmensas reservas del país, compuestas en gran medida por crudo pesado de la Faja del Orinoco, demanda ciclos de inversión a largo plazo y desembolsos iniciales de gran magnitud. No obstante, Halliburton, el gigante de servicios petroleros, ha manifestado su disposición para retomar sus actividades de forma inmediata. Su director ejecutivo, Jeff Miller, señaló que la empresa podría iniciar el despliegue operativo en apenas unas semanas tras recibir el visto bueno oficial de la Casa Blanca y las garantías de pago pertinentes, destacando la urgencia de modernizar infraestructuras que superan los 50 años de antigüedad.

Venezuela, que atesora el 19,4% de las reservas probadas de petróleo del planeta —lo que representa aproximadamente 303.000 millones de barriles—, se ha propuesto el objetivo de elevar su capacidad de producción en un 15% durante el año 2026. Esta meta forma parte de una hoja de ruta estratégica orientada a rehabilitar la industria petrolera como la principal fuente de ingresos fiscales y motor de la economía nacional, apoyándose en la captación de nuevos socios estratégicos globales.

La implementación de estas reformas no solo busca un alivio financiero a corto plazo, sino que pretende reconfigurar el tejido industrial del país para adaptarlo a los estándares internacionales de eficiencia. Con la mirada puesta en el futuro, el gobierno de Rodríguez y los organismos internacionales confían en que este nuevo marco de apertura sea el catalizador necesario para una estabilidad económica duradera, permitiendo que Venezuela recupere su posición como actor clave en el suministro energético global.