El Consejo de Derechos Humanos de la ONU convoca una sesión de urgencia ante la escalada de violencia en Irán

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha tomado la determinación de organizar una reunión de carácter urgente para abordar la alarmante intensificación del uso de la fuerza contra los manifestantes en territorio iraní. Esta decisión de convocar una sesión especial surge como respuesta directa a los masivos levantamientos populares que se desencadenaron en el país el 28 de diciembre de 2025. La propuesta, que busca examinar las graves vulneraciones a los derechos fundamentales documentadas durante la represión de las protestas, ha contado con el respaldo decisivo de naciones como Islandia, Alemania y el Reino Unido.

Las cifras oficiales proporcionadas por las autoridades de Teherán revelan un panorama desolador tras los acontecimientos de enero de 2026. Un representante gubernamental iraní confirmó la verificación de al menos 5.000 fallecimientos, cifra que incluye a cerca de 500 miembros de las fuerzas de seguridad. No obstante, existe una discrepancia significativa con los datos manejados por organizaciones independientes, cuya labor se ve obstaculizada por la falta de transparencia informativa y los cortes en las comunicaciones que han afectado a toda la nación.

El grupo HRANA, con sede en Estados Unidos, había verificado hasta el 17 de enero la muerte de 3.090 manifestantes, además de contabilizar que el número total de personas detenidas superó las 24.000. Por otro lado, informes médicos internos citados por el periódico The Sunday Times sugieren una magnitud de la tragedia aún mayor, estimando que el número de víctimas mortales podría oscilar entre las 16.500 y las 18.000 personas. Asimismo, se reportaron aproximadamente 330.000 heridos hasta la fecha de corte del 17 de enero de 2026, lo que refleja la gravedad de los enfrentamientos.

Volker Türk, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha manifestado su más profunda consternación y una condena enérgica ante la violencia sistemática y la pérdida de vidas, haciendo especial hincapié en la vulnerabilidad de los menores de edad afectados. Türk ha exigido formalmente a la cúpula dirigente de Irán el cese inmediato de las tácticas represivas. En sus declaraciones, subrayó que es categóricamente inaceptable etiquetar como «terroristas» a ciudadanos que se manifiestan de forma pacífica con el fin de justificar el uso letal de la fuerza por parte del Estado.

El comisionado insistió en la necesidad imperativa de romper el ciclo de violencia y realizar investigaciones exhaustivas e imparciales bajo estándares internacionales para todas las violaciones identificadas. En paralelo, organizaciones de prestigio global como Human Rights Watch y Amnistía Internacional están ejerciendo una fuerte presión diplomática para que se inicie una investigación independiente bajo el amparo de la ONU. Estas entidades han señalado un recrudecimiento de las acciones letales por parte de los cuerpos de seguridad a partir del 8 de enero de 2026, coincidiendo con la implementación de un bloqueo nacional de internet casi total.

Estos grupos defensores de los derechos civiles abogan por una ampliación de las competencias de la Misión de Investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos en 2022. En contraposición, el portavoz oficial de Teherán ha rechazado de manera tajante las acusaciones de ejecuciones masivas ilegales, sosteniendo que la actuación de las fuerzas del orden fue una respuesta necesaria ante supuestas provocaciones armadas. Finalmente, en una sesión del Consejo de Seguridad celebrada el 15 de enero, Martha Pobee, Subsecretaria General de la ONU, hizo un llamamiento urgente a las autoridades para que no se aplique la pena de muerte a los detenidos.