Movimiento Estudiantil Exige Amnistía Plena Durante Jornada Nacional por Día de la Juventud

El jueves 12 de febrero de 2026, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Juventud, el Movimiento Estudiantil de Venezuela convocó a una movilización coordinada a nivel nacional. La protesta se centró en la demanda de la liberación total de los presos políticos y la promulgación de una ley de amnistía integral. La convocatoria, considerada la primera manifestación opositora de esta magnitud desde enero de 2025, reunió a ciudadanos en al menos 17 estados, con concentraciones significativas en Maracaibo y Caracas.

El punto central de la jornada se estableció en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, donde cientos de universitarios se congregaron en la Plaza del Rectorado, acompañados por familiares de los detenidos. Los manifestantes portaron pancartas con mensajes como “Este 12 de febrero no es guerra a muerte, es paz” y corearon consignas que reflejaban la insatisfacción con las liberaciones parciales, como “¡Ni uno, ni dos, que sean todos!”. La fecha posee un profundo simbolismo cívico, al conmemorar la histórica Batalla de La Victoria de 1814.

Paralelamente a las movilizaciones, el Poder Legislativo, controlado por la facción oficialista, postergó el segundo y definitivo debate sobre el Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La decisión fue unánime y se debió a fricciones internas y desacuerdos sobre artículos clave, específicamente el Artículo 7, que exige a los beneficiarios “presentarse a justicia”. La oposición, a través de figuras como Yeissel Pérez, presidenta de la FCU en la Universidad de Zulia (LUZ), cuestionó la omisión del liderazgo juvenil en la consulta pública del borrador legal.

Hiowanka Ávila, hermana del detenido Henryberth Rivas desde 2018, denunció que el proyecto gubernamental, que abarca casos desde 1999, excluye de facto a más de 400 prisioneros políticos debido a limitaciones temporales y exclusiones específicas, lo que sugiere que la amnistía propuesta es incompleta. Estas cifras contrastan con los datos de la ONG Foro Penal, que hasta el 10 de febrero verificó 431 liberaciones dentro de un proceso iniciado el 8 de enero de 2026, aunque estimó que más de 600 personas permanecían encarceladas, señalando que el sistema represivo seguía activo a pesar de los cambios en el poder.

Voceros opositores, como Carlos Fernández de Vente Joven, interpretaron la alta asistencia a las marchas como una señal de que “el miedo se acabó”. Dirigentes estudiantiles, incluido Miguel Ángel Suárez, presidente de la FCU-UCV, reafirmaron el compromiso de mantener la presión hasta el restablecimiento pleno de los derechos civiles y políticos. Mientras tanto, el Parlamento, liderado por Jorge Rodríguez, confirmó que la discusión del artículo conflictivo se reanudaría en la siguiente sesión ordinaria, buscando, según el diputado oficialista Jorge Arreaza, mantener un clima de conciliación. Organizaciones internacionales, como la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela, han exigido la liberación incondicional de todos los detenidos, calificando las medidas actuales como insuficientes para cumplir con las obligaciones de derechos humanos.