El Parlamento de Argelia Declara la Colonización Francesa como Crimen de Estado por Unanimidad

El órgano legislativo de Argelia tomó una decisión histórica el miércoles 24 de diciembre de 2025, al aprobar por unanimidad una ley que cataloga formalmente el periodo de dominación colonial francesa, abarcando los años de 1830 a 1962, como un «crimen de Estado». Este acto legislativo es la culminación de las persistentes demandas argelinas dirigidas a París para que reconozca su pasado histórico y asuma responsabilidades financieras.

El ambiente en la cámara fue de fervor patriótico. Los diputados, ataviados con bufandas que replicaban los colores de la bandera nacional, recibieron la votación con una ovación atronadora y coreando «¡Viva Argelia!», subrayando así la soberanía inherente a la medida. Es significativo que el proyecto de ley fuera concebido íntegramente por los propios legisladores, y no por el poder ejecutivo, lo que le confiere una autoridad representativa adicional, especialmente en un contexto de tensiones bilaterales exacerbadas durante el año 2025. El texto aprobado impone al Estado francés la «responsabilidad jurídica por su pasado colonial en Argelia y las tragedias que este generó».

El articulado de la ley detalla atrocidades específicas que son tipificadas como crímenes del colonialismo. Entre ellas se incluyen el saqueo sistemático de recursos naturales, las ejecuciones extrajudiciales, la aplicación de torturas físicas y psicológicas, y la realización de pruebas nucleares en el desierto del Sáhara durante la década de 1960. La postura argelina es firme: la obtención de una compensación justa y completa por todos los perjuicios materiales y morales infligidos durante la era colonial constituye un derecho inalienable tanto para el pueblo como para el Estado argelino.

Ibrahim Bougali, presidente del Parlamento e impulsor de esta iniciativa desde enero de 2025, declaró a la agencia estatal APS que esta acción envía un «mensaje claro, tanto a nivel interno como externo, de que la memoria nacional de Argelia no se borra ni está sujeta a negociación». Además, la legislación introduce sanciones penales severas, que pueden ascender hasta diez años de prisión, para cualquier individuo que se dedique a «glorificar» o justificar públicamente el periodo colonial en declaraciones públicas o medios de comunicación.

El periodo de ocupación francesa, que se extendió desde 1830 hasta 1962, sigue siendo un punto de fricción constante en las relaciones bilaterales. Esta situación se ha visto agravada por recientes desencuentros diplomáticos, como el respaldo de París en julio de 2024 al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Estos sucesos han provocado la ruptura más grave entre ambas naciones desde que Argelia conquistó su independencia en 1962.

A pesar de la magnitud del impacto político, los analistas señalan que la aplicación práctica de la ley podría ser limitada. Hosni Kitouni, investigador de historia colonial en la Universidad de Exeter, comentó que, si bien el valor simbólico es enorme, «jurídicamente esta ley carece de alcance internacional y, por lo tanto, no es vinculante para Francia». Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, a través de su portavoz Pascal Confaure, declinó hacer comentarios sobre «debates políticos que tienen lugar en países extranjeros». Las estimaciones argelinas cifran las víctimas de la guerra de independencia (1954-1962) en 1,5 millones de personas, mientras que los historiadores franceses manejan una cifra total cercana a los 500.000 fallecidos. El presidente Emmanuel Macron había calificado previamente la colonización como un «crimen contra la humanidad», pero nunca ha ofrecido una disculpa oficial.

Con todo, las interconexiones económicas persisten, dado que Francia mantiene su posición como un inversor significativo y Argelia es un proveedor crucial de recursos energéticos. La propuesta impulsada por Bougali, quien preside la Asamblea Popular Nacional desde julio de 2021, se inscribe en un panorama más amplio donde los Estados africanos, durante el transcurso de 2025, han intensificado sus exigencias a las antiguas metrópolis para que reconozcan sus crímenes coloniales y procedan a la reparación de daños.