Los Estados miembros de la UE y los legisladores del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo preliminar sobre una normativa de inteligencia artificial con exigencias suavizadas. El documento prohíbe ciertos tipos de sistemas de IA y establece requisitos para los modelos de alto riesgo, aunque se han flexibilizado varias disposiciones rigurosas en comparación con las propuestas originales.
El acuerdo mantiene el veto al uso de la IA para la identificación biométrica masiva en tiempo real en espacios públicos, salvo en situaciones vinculadas a amenazas terroristas o a la búsqueda de delincuentes. Al mismo tiempo, se han introducido obligaciones para etiquetar contenidos generados por IA y requisitos de transparencia para sistemas de propósito general, como los grandes modelos lingüísticos.
Las negociaciones se extendieron durante varios meses y concluyeron con un compromiso entre los países miembros y el Parlamento. Francia, Alemania e Italia insistieron en formulaciones más laxas para sus empresas tecnológicas nacionales, mientras que otros Estados abogaron por límites más estrictos. El texto final traslada parte de la regulación a los organismos nacionales de supervisión.
El acuerdo repercute directamente en la cooperación tecnológica de la UE con terceros países. Las empresas de Estados Unidos, Reino Unido y China que suministren soluciones de IA al mercado europeo deberán cumplir con los nuevos estándares de transparencia y evaluación de riesgos. Esto genera barreras adicionales para la exportación y podría acelerar la creación de normativas similares en otras jurisdicciones.
En los próximos meses, los servicios jurídicos perfeccionarán el texto antes de la votación definitiva en la Eurocámara y el Consejo de la UE. Se espera que la aplicación plena de las normas no ocurra antes de 2026, con un periodo de transición para los sistemas ya operativos. Los Estados miembros ya han comenzado a constituir las autoridades nacionales que controlarán el cumplimiento de la ley.
De esta forma, la UE establece por primera vez un marco regulador integral para la IA que restringe las prácticas más peligrosas sin frenar el desarrollo tecnológico, aunque delega gran parte de la responsabilidad en las instancias nacionales y en las empresas importadoras.
