El Gobierno de Israel ha dado luz verde formal a un incremento considerable tanto en las tasas impositivas corporativas como en las aplicables a personas físicas. Esta decisión fiscal crucial está programada para ser anunciada oficialmente antes del 26 de diciembre de 2025. El propósito principal de esta medida es fortalecer el presupuesto nacional para poder hacer frente a los crecientes gastos en seguridad y, simultáneamente, contener un déficit presupuestario que se estima podría alcanzar los 1.5 billones de shékel en los próximos años.
Israel
El Ministerio de Finanzas justificó esta reestructuración argumentando que las tasas impositivas actuales en Israel se encuentran por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se sitúa en el 28%. La nueva estructura propuesta contempla elevar el impuesto de sociedades hasta un rango que oscilará entre el 23% y el 25%. De forma paralela, se prevé un alza en el impuesto sobre la renta personal, buscando un incremento que sitúe el gravamen entre los 75 y los 150 dólares, si bien la aplicación específica de estos tramos aún requiere mayor concreción. Se espera que la Knéset apruebe este plan económico, que ancla las subidas fiscales, antes del 21 de julio, entrando en vigor las nuevas tasas durante el ciclo presupuestario de 2026.
La urgencia de generar nuevos ingresos se ve acentuada por una considerable presión financiera sobre el Estado. Informes recientes señalaron que el desequilibrio fiscal acumulado en los doce meses previos a octubre de 2025 alcanzó el 4.9% del Producto Interno Bruto (PIB). Las proyecciones apuntan a que el déficit anual de 2025 podría acercarse al 5.1% del PIB. El gobierno está afrontando el financiamiento de operaciones militares en curso, lo cual ha disparado los costes de defensa. De hecho, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Defensa acordaron una inyección adicional superior a los 28 mil millones de NIS para 2025, destinada a respaldar las intensas operaciones militares hasta el fin de ese año.
Desde el Ministerio de Finanzas también se puso de relieve una disparidad notoria: las grandes corporaciones, especialmente aquellas en el sector de alta tecnología que se benefician de incentivos existentes, tributan actualmente con una tasa aproximadamente un 40% inferior al promedio general. Esta recalibración plantea interrogantes sobre cómo interactuarán estas nuevas y más amplias imposiciones con los beneficios sectoriales específicos, como los otorgados por la Ley de Fomento de la Industria Intensiva en Conocimiento, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Es fundamental que la reforma se implemente con sumo cuidado para no comprometer la competitividad de este motor económico vital.
Otras modificaciones concurrentes para 2025 incluyen un aumento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pasando del 17% al 18%, además de ajustes en las cotizaciones a la Seguridad Nacional. Para abordar las ganancias corporativas acumuladas, las empresas de propiedad privada tendrán que tomar una decisión: pagar un impuesto del 2% sobre las ganancias retenidas o distribuir al menos el 5% de dichas ganancias como dividendos durante 2025. Esta medida busca frenar el uso de las llamadas 'empresas cartera' que acumulan beneficios para evadir la segunda capa de tributación por dividendos, una práctica que la Autoridad Fiscal de Israel estimó que generaba una merma anual de entre 5 mil millones y 6 mil millones de NIS en ingresos por impuestos a dividendos.
Esta dualidad entre la necesidad de cubrir el gasto en seguridad mediante impuestos generales y la aplicación de alivios fiscales focalizados —como la reducción de la tasa del impuesto sobre la renta para el interés acumulado de los fondos de inversión a cerca del 27% desde el 50%— ilustra el complejo equilibrio fiscal que el Gobierno israelí debe mantener mientras gestiona las secuelas económicas de un conflicto prolongado.
