El Tribunal Supremo de EE. UU. invalida los aranceles de Trump; el presidente contraataca con nuevos gravámenes del 15% bajo la Ley de Comercio

En una jornada trascendental para la política comercial estadounidense, el viernes 20 de febrero de 2026, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió un fallo con una mayoría de 6-3, dictaminando que los aranceles de importación a gran escala implementados por la administración del presidente Donald Trump excedieron las facultades del poder ejecutivo. La sentencia se fundamentó en una interpretación estricta de la Constitución, señalando que la autoridad para imponer impuestos y gravámenes recae exclusivamente en el Congreso, invalidando así las medidas previas basadas en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Este veredicto se posiciona como uno de los desafíos legales más significativos que ha enfrentado la actual administración en su estrategia de disputas comerciales.

La respuesta de la Casa Blanca no se hizo esperar. El mismo viernes, el presidente Trump reaccionó al fallo judicial activando un mecanismo legal alternativo para salvaguardar su agenda económica. Inicialmente, anunció la imposición de un arancel de sustitución del 10% sobre las importaciones globales, invocando la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Sin embargo, la escalada continuó rápidamente: para el sábado 21 de febrero de 2026, la tasa se incrementó al 15%. El mandatario describió esta nueva cifra como una medida "completamente autorizada y legalmente blindada". Es importante destacar que la Sección 122 permite establecer recargos temporales por un máximo de 150 días para corregir desequilibrios en la balanza de pagos, una herramienta que no había sido utilizada por administraciones anteriores.

A pesar de la agitación en las esferas políticas y la preocupación manifiesta de diversos líderes internacionales y grupos industriales, el sector de los activos digitales mostró una estabilidad inesperada. El domingo 22 de febrero de 2026, el precio de Bitcoin se mantuvo consolidado cerca de los 68.000 dólares, registrando únicamente fluctuaciones menores de volatilidad. Los analistas financieros sugirieron que el mercado ya había descontado la posibilidad de que el Ejecutivo recurriera a vías legales secundarias, lo que evitó un colapso en los precios. No obstante, el sentimiento general de los inversores minoristas se mantuvo bajo una presión considerable, con el Índice de Miedo y Codicia (Fear & Greed Index) marcando un nivel de 9, lo que indica un estado de "miedo extremo" en el mercado.

Las consecuencias económicas a largo plazo de este nuevo régimen arancelario están siendo evaluadas minuciosamente por expertos académicos. Según proyecciones del Yale Budget Lab, la combinación del fallo judicial y la nueva tasa del 15% podría traducirse en un gasto adicional de 1.315 dólares anuales para el hogar promedio en los Estados Unidos. Simultáneamente, analistas en Hong Kong han advertido que la volatilidad en las decisiones de Washington podría desencadenar un desorden mayor en el comercio transfronterizo global. En el ámbito operativo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha programado la desactivación de los códigos arancelarios vinculados a la IEEPA para el 24 de febrero, aunque la incertidumbre legal persiste.

Finalmente, cabe señalar que la nueva estructura arancelaria mantiene ciertas excepciones estratégicas para preservar las relaciones regionales. Bajo los términos del acuerdo comercial USMCA, las mercancías provenientes de Canadá y México han quedado exentas de estos nuevos gravámenes del 15%. Esta distinción busca mitigar el impacto en las cadenas de suministro de América del Norte, aunque el clima de imprevisibilidad jurídica continúa siendo una preocupación central para las empresas que operan a nivel internacional. La administración parece decidida a mantener su postura proteccionista, utilizando todos los recursos legales a su disposición para eludir las restricciones impuestas por el poder judicial.